El Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) continúa su penoso peregrinar en busca de constituirse como un partido político, la falta de institucionalidad política al interior de sus filas e incluso la inoperancia de una estructura que le de organicidad y operatividad a su vida interna, les sigue manteniendo como una coalición de grupos de interés, que mantienen su propia lógica e intereses internos. El agrupamiento de MORENA como movimiento social se estructura en función de un caudillo y su lucha política personal por ascender al poder político, al margen de una plataforma ideológica y una visión de Estado capaz de cohesionar a estas fuerzas sociales y cuadros políticos alrededor de una identidad política común. De tal forma que el articulador de este agrupamiento de intereses, desde su creación el 2 de octubre del 2011 como parte de la campaña presidencial de AMLO, ha sido su papel como apoyo electoral y ahora parlamentario del actual presidente de México.
La obtención del control del Congreso de la Unión, gubernaturas y congresos locales en el pasado proceso electoral federal de julio del 2018, obligó a MORENA a buscar la construcción de la indispensable institucionalidad en su vida interna para asumir el papel de partido hegemónico en el contexto político mexicano. Sin embargo, las características de su creación lo han impedido. Los diversos agrupamientos que conforman MORENA han sido incapaces de procesar en su interior los múltiples conflictos que la convivencia de agrupamientos tan diversos en sus intereses y prácticas políticas generan. Incluso el apropiamiento de órganos de dirección del partido por grupos confrontados de manera irreconciliable ha propiciado direcciones políticas paralelas en su interior como las protagonizadas por Yeidckol Polevsnky y Berta Luján, la primera en calidad de presidenta interina y la segunda como presidenta del consejo nacional de MORENA.
Esta lucha encarnizada de las facciones de MORENA ha tenido ya repercusiones indeseables en la vida política nacional dado el involucramiento de instituciones de la República como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación y el Instituto Nacional Electoral, a través de los cuales, el presidente de la república ha intentado conciliar las feroces disputas internas en su partido, particularmente en lo que sería un proceso básico en cualquier partido político como lo es la elección de sus dirigentes.
El control del partido y consecuentemente la determinación de candidaturas para el proceso electoral del 2021, rebasó la capacidad de control del presidente sobre las ambiciones de los grupos morenistas, quienes en su lucha fratricida han ignorado las advertencias de su propio fundador de renunciar a MORENA (como lo señaló el 28 de agosto del 2019) “si se echa a perder” como producto de las luchas internas por la dirección nacional.
La cercanía del proceso electoral del 2021 dinamizó la inusual participación del TEPJF, presidido por Felipe Alfredo Fuentes Barrera, en la solución de las controversias internas por la elección de su dirigencia nacional, lo que culminó con la resolución del 20 de agosto del presente año que contempla una “encuesta abierta para elegir al presidente y secretario general del partido”, responsabilizando al INE de su realización, asimismo señaló que la encuesta estará abierta a las “personas que se autoadscriban como militantes y simpatizantes de MORENA”, contrariando los propios estatutos del partido. A este respecto cabría recordar que esta resolución le dio marco jurídico a una propuesta presidencial que señaló a los diputados y senadores de MORENA en su reunión de finales de agosto del 2019 que las encuestas serían el mecanismo para dirimir las diferencias existentes, un año después de que la sugerencia del presidente del TEPJF concretó la instrucción ante la rebeldía de las tribus morenistas.
Lamentablemente, la realización de la encuesta se ha visto accidentada ante la beligerancia de las facciones en disputa quienes han venido cuestionando la actuación del INE, tratando de imponer criterios para la realización de la misma y, particularmente, por las ríspidas campañas de los principales candidatos, caracterizadas por ataques de todo tipo a sus contrarios, las cuales han vuelto a enrarecer este atípico ejercicio de elección, lastimando incluso a los órganos electorales en su credibilidad de manera riesgosa, dado el papel que los mismos tienen en el desarrollo y calificación de los procesos electorales constitucionales.
El iniciador jurídico de este proceso, el propio TEPJF, en su afán obsequioso para con el presidente de la república, enfrenta ya un irremediable descrédito ante su inverosímil intentona frustrada de cancelar la celebración de la encuesta por presiones, según ha trascendido, del jefe de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal por el rumbo que han tomado las campañas de los aspirantes y la posible implosión que esta elección podría causar en MORENA con rumbo al 2021.
El Frankenstein electoral que significó MORENA hoy cobra el costo a su propio creador, pero lamentablemente, también a las instituciones electorales de la democracia mexicana.
