De acuerdo con el diario El Universal (9 de junio de 2020) el asesor Dagoberto Ramírez Cuevas del CAED 1 Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad -las autoridades deberían replantearse la extinción del Fideicomiso para el Bachillerato General en sus modalidades no escolarizada y mixta que, con su fondo, brinda atención a más de 1 millón de alumnos que pretenden continuar con su educación y que tienen alguna discapacidad.
El pasado 2 de abril del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos, firmado por el presidente López Obrador.
Uno de estos fideicomisos, es el Fideicomiso antes mencionado y atiende a 621,628 alumnos con educación especial y otros 344,396 jóvenes que por motivos laborales no pueden asistir a clases regulares para terminar su bachillerato.
De acuerdo con la ENADIS 2017 (Encuesta Nacional sobre Discriminación) que realiza INEGI, en México 2 de cada 10 personas con discapacidad no saben leer ni escribir; además, mientras que solo el 3.7% de los hombres y 5.1% de las mujeres no saben leer ni escribir, esta carencia es mayor en personas con discapacidad donde 20.0% son hombre y 24.0% son mujeres.
Por otro lado, según la ENADID 2018 (Encuesta Nacional de la Dinámica Geográfica) que realiza INEGI, en México hay 6.3 millones de personas con alguna discapacidad y de acuerdo con datos de la ENADID 2014 el nivel de educación predominante de la población con discapacidad de 15 años y más, en la primaria: de cada 100 personas 45 tiene terminado este nivel, 23 de 100 no tienen escolaridad y solo 7 cuentan con educación superior y otra buena parte no tienen nivel de instrucción. (CONADIS 2020)
Es decir que, de cada 100 personas con discapacidad, 93 No tienen bachillerato concluido, lo cual habla del alto grado de exclusión en el que viven las personas con alguna discapacidad en México con relación al acceso a la educación.
El gobierno mexicano en turno ha dicho en la voz del presidente, por activa y por pasiva que las personas vulnerables serían la prioridad en su gobierno. Si esto será así en la práctica, deberían replantearse la extinción del Fideicomiso, pues dejar sin educación a las personas con discapacidad no solo iría en contra de la narrativa del gobierno, sino que iría en contra del espíritu de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el trece de diciembre de dos mil seis y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2008 que señala en su artículo 24 apartado primero:
Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Parte asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a:
- Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana;
- Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas
- Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre.
O, en otras palabras, hacer visible lo invisible para reconocer la dignidad y los derechos de millones de mexicanos que tienen alguna discapacidad. En todo caso el profesor Ramírez Cuevas no sólo tiene razón, sino que es necesario escucharlo.
Carlos Gonzalo Blanco Rodríguez
Abogado internacionalista y catedrático universitario.
Correo: cgonblanc@aim.com
@cgonblanc
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