Todas las áreas encargadas de resarcir el daño que ocasionó el desastre natural, mediante el manejo del dinero enviado por otros países, el uso de fondos federales, han fallado a las víctimas. A dos años, no hay certeza de qué ha sucedido con los hospitales, escuelas y viviendas que debían reconstruirse; cuáles fueron reportes reales y no duplicidades o bases de datos apócrifas para inflar costos; y sobre todo, no se sabe en manos de quién quedaron los apoyos.
Fueron reveladas tras diez inspecciones a la cuenta pública 2018 que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo a las Secretarías de Salud (SS); Hacienda (SHCP); Desarrollo Urbano, Territorial y Agrario (Sedatu); Relaciones Exteriores (SRE), y Educación Pública (SEP), así como al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED), la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Fideicomiso del Fondo Nacional de Vivienda.
En sus once diagnósticos definitivos, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano reportó daños en 172 mil 57 viviendas: 111 mil 628 clasificadas con daño parcial (64.9%); 59 mil 866 con daño total (34.8%), y 532 como reubicación (0.3%).
El Fonden, a través del programa Fuerza México, dividió a los damnificados en dos sectores: daños parciales, beneficiarios de 15 mil pesos, y pérdida total, de 120 mil; sin embargo, desde los primeros diagnósticos la gente detectó irregularidades y posible corrupción mediante el uso indebido del dinero.
La Sedatu era la responsable, debía presentar los diagnósticos definitivos y los programas de obras y acciones, además de otorgar apoyos del Fonden mediante el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), supervisar la entrega de tarjetas electrónicas, así como los avances.
Sin embargo, en la auditoría de Desempeño 214-DS, la ASF detectó que al realizar el comparativo de las casas dañadas en todo el país que se registraron en los diagnósticos definitivos (172 mil 57) y en los programas de obras y acciones (168 mil 256) hay una diferencia por 3 mil 801 que la Sedatu no pudo justificar.
Lo mismo ocurrió con los recursos, ya que en los diagnósticos se previeron 10 mil 29 millones 59 mil 900 pesos, y en los programas de obra seis mil 185 millones 591 mil pesos; una diferencia por tres mil 843 millones 468 mil 900 pesos que la dependencia no pudo justificar.
La ASF también evidenció que la secretaría que estaba a cargo de Rosario Robles entregó dos mil 378 tarjetas por 117 millones 820 mil pesos para reconstrucción, aún los supuestos beneficiarios presentaron discrepancias en su información.
Aunado a ello, de las más de 150 mil viviendas dañadas a nivel nacional, la dependencia sólo reportó haber supervisado 59 mil 380, por lo que, expuso la ASF, “desconoció si los beneficiarios pudieron reconstruir o rehabilitar” sus casas.
Desde la cuenta pública 2017, cuando investigó el Otorgamiento de Apoyos a los Damnificados (auditoría 1681-GB), el órgano fiscalizador alertó que Bansefi dispuso de seis mil 405 millones 31 mil 500 pesos del Fonden para 171 mil 507 damnificados; no obstante, al no contar con un mecanismo eficiente de control, ni un censo ni padrón confiable, no fue posible identificar quién gastó el dinero. La ASF descubrió que las tarjetas estaban activas desde antes de su distribución. En Morelos llegaron sin dinero, o sin él que debía llegar a los damnificados.
En la reconstrucción de viviendas también intervinieron el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares y la Comisión Nacional de Vivienda; ambos fallaron. El primero, al no coordinarse de forma eficiente con las instancias federales y locales, así como con el Fonden, para evitar duplicidades en acciones para apoyar a la población afectada (auditoría 220-DS); en tanto que el segundo por deficiencias y omisiones en los servicios de asistencia técnica que contrató para atender las afectaciones en las casas con daño total (auditoría 217-DS).
Las irregularidades en el manejo de dinero no sólo están en las viviendas. Con base en el censo de la SEP, 19 mil 194 planteles resultaron dañados por los sismos de 2017.
Para reconstruir y rehabilitar 4 mil 914 de esas escuelas dañadas, del Fonden se autorizaron diez mil 181 millones 204 mil pesos. De éstos, de acuerdo con los registros que presentó al órgano de fiscalización durante la auditoría de desempeño 132-DS, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) ejerció seis mil 614 millones 856 mil pesos, aunque no pudo justificar la información sobre los trabajos realizados, ni el nivel educativo al que correspondió cada plantel.
Para el caso del Programa Escuelas al CIEN, otra fuente de financiamiento en la reconstrucción, el Inifed reportó gastos por tres mil 401 millones 22 mil pesos de un presupuesto de seis mil 219 millones 267 mil pesos para daños en cinco mil 434 escuelas; sin embargo, la ASF expuso que la información con la que se intenta justificar el gasto no acredita que se realizaron las obras.
Aunque el instituto afirmó que tiene un avance de 62.7% (12 mil 35 de las 19 mil 194 escuelas afectadas), la Auditoría consideró que carece de confiabilidad, ya que no comprueba la conclusión de los proyectos, por lo que desconoce el avance real.
En cuanto a la SEP, la otra responsable en este proceso de reconstrucción en materia educativa, la auditoría DS 106-DS reveló que careció de evidencia documental para sustentar las propuestas de escuelas que debía apoyar. La SEP tampoco conoce el número de planteles que fueron atendidos mediante el cobro de pólizas de seguro, ni a cuánto ascienden éstas.
El micrositio Fuerza México cuantificó en 742 millones 193 mil pesos la reconstrucción de 132 unidades de salud que resultaron afectadas por los sismos: 11 en Chiapas, 19 en CDMX, 37 en Estado de México, nueve en Guerrero, nueve en Morelos y 47 en Oaxaca.
En la auditoría 179-DS, la ASF afirma que la Secretaría de Salud (SS) reportó, en 2018, haber erogado 88 millones 865 mil 800 mil pesos en rehabilitación por daños del sismo, pero, además de que la secretaría no contó con información del control, registro y clasificación en el ejercicio de los recursos, debido a que no lo indicó en contratos ni explicó las variaciones en costos registradas en ese año, el órgano fiscalizador detectó que se le asignaron 23 millones 752 mil 900 pesos más de los que reportó como gastados en su base de datos “Sismos 2017” para la atención de 27 inmuebles. Aunado a ello, expuso que no se conoce con precisión el destino de ninguno de los dos montos.
Se constató que en la Ciudad de México hubo un convenio por 39 millones 984 mil pesos, sin que la SS pudiera acreditar que erogó recursos para esa entidad.
Mediante notas diplomáticas de donaciones, la Auditoría Superior de la Federación detectó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió 3 mil 234 millones 169 mil dólares americanos, 48 mil 494 euros, 20 millones 161 mil 550 pesos mexicanos y 600 mil dólares canadienses, “sin que la dependencia acreditara que fueron la totalidad de donativos que ingresaron al país, al no demostrar que llevó a cabo la regulación, coordinación, gestión y registro”.
No sólo dinero ingresó al país por la solidaridad de otras naciones ante las tragedias del 7 y 19 de septiembre: 12 mil 267 unidades, 197.8 toneladas y 31 mil 467.5 kilogramos de donativos en especie también fueron recibidos No obstante, la auditoría 74-GB evidenció que la SRE no inscribió en el Registro Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo las donaciones internacionales, “por lo que se desconocen los montos totales, modalidades y uso de las donaciones en especie, de apoyo técnico y en dinero, en incumplimiento de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo”.
La Secretaría de Hacienda, conforme a la Ley de Protección Civil y su reglamento interior, así como a la Plataforma Fuerza México, le correspondía regular, coordinar y transparentar los donativos, pero, con base en el dictamen de la auditoría 52-GB, no estableció bases ni lineamientos para emitir las convocatorias, recepción, administración, control y distribución de éstos, ni dio cuenta de criterios de confiabilidad ni mecanismos de actualización permanente, lo que impidió dar seguimiento a los donativos y determinar si hubo un uso eficiente de los mismos.
Otra instancia involucrada fue el Servicio de Administración Tributaria, el cual, según la auditoría 61-GB, en el “Cuarto Reporte de Transparencia por Donatarias Sismos de septiembre de 2017”, publicado el 29 de mayo de 2019, notificó cinco mil 83 millones de pesos en donativos, de los cuales el 93.3 por ciento correspondió a efectivo y el 6.7% restante a apoyos en especie; sin embargo, en el reporte sólo se justificó el uso y destino de dos mil 460 millones de pesos (48.4% del total).
El SAT afirmó que estos 2 mil 460 millones de pesos se destinaron a los conceptos de viviendas, alimentos, servicios médicos, acciones de rescate, al patrimonio cultural de la nación, y para artículos de limpieza e higiene personal, ropa, zapatos, cobijas y casas de campaña; no obstante, dijo desconocer el uso y destino de los dos mil 623 millones de pesos restantes.
