El gobierno mexicano está dividido en tres poderes que dan lugar al Estado de Derecho que nos rige: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. De acuerdo con lo que establece el Capítulo IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 94, este Poder se deposita en la Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compone de 11 integrantes (ministros y ministras), cuyo nombramiento es a propuesta del presidente de la República, a consideración del Senado (Poder Legislativo), quien los elige.
Para el caso del Estado de México, según el artículo 88 y 89 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, el ejercicio de este Poder se deposita en el Tribunal Superior de Justicia y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, son determinados por la Ley Orgánica, duran en su encargo 15 años, y su sustitución es escalonada.
El artículo 90 de esta Constitución, establece que “los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, solo podrán ser privados de sus cargos por la Legislatura del Estado…”. En este sentido, la Legislatura Local presentó una iniciativa de reforma constitucional y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, para disminuir de 15 a 6 años su periodo en el cargo, argumentando la temporalidad propicia cotos de poder, nepotismo y conflictos de interés. La iniciativa también señala que los Magistrados solamente gozarán de la pensión que establece la Ley del Instituto de Seguridad Social para el Estado de México y sus Municipios, en busca de la congruencia con las políticas de austeridad del Gobierno Federal.
Mucho se ha discutido en el tema del periodo en los cargos de elección y la profesionalización de los mismos, como se ha señalado que los Ayuntamientos no tienen margen de maniobra ya que el primer año aprenden, el segundo ejerce y el tercero preparan la entrega, lo mismo sucedía con los Legisladores y en el caso del Gobernador, también se ha valorado si seis años son suficientes para aterrizar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos de forma tangible. Sin embargo, en los dos primeros existe la posibilidad de reelección.
Desde 1995 pocas reformas ha vivido el Poder Judicial y su normatividad, quizás valdría la pena hacer un análisis exhaustivo para ver la viabilidad de la propuesta planteada por la legislatura del estado de México, y sobre todo hacer más eficiente y transparentes sus criterios a la hora de emitir una sentencia, porque los Jueces tienen la posibilidad de la interpretación de la ley, lo que deja a las partes interesadas en muchos momentos en un verdadero estado de indefensión y por ello México vive uno de los índices más altos de impunidad en el mundo. Es momento de cambiar.
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