El árbitro que ya no es neutral
Por: Jose Adolfo Murat
Cuatro columnistas escribieron esta semana casi el mismo texto. Silva-Herzog Márquez, en Reforma, lo llamó “Comisión de la Veracidad”. Olabuenaga, en Milenio, “Verdad barata”. Dresser habló de “disciplinar” a la prensa. Camarena, en El Financiero, acuñó la frase que probablemente sobreviva al debate: “policía de medios”. Cuatro firmas, cuatro medios, una sola tesis: el gobierno de Claudia Sheinbaum construyó, con los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, un mecanismo de censura disfrazado de autorregulación.
Puede que tengan razón. Pero ninguno de los cuatro explica por qué esta vez es distinto a la vez anterior.
Porque hubo una vez anterior. El 21 de diciembre de 2016, el entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió unos Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias casi idénticos en su letra: código de ética, defensor de audiencias, distinción entre información y opinión. Nunca se aplicaron. Presidencia y el Senado promovieron controversias constitucionales, el propio IFT los congeló, y el asunto murió en los tribunales. Once años de debate sin resolver, y ahora regresa el mismo problema con un nombre distinto: Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
Ahí está la diferencia que ninguna de las cuatro columnas subraya con suficiente fuerza. El IFT era un órgano constitucional autónomo. La CRT no lo es: depende de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que depende, a su vez, del Ejecutivo federal. En 2016 el árbitro no respondía a Los Pinos. En 2026 sí responde a Palacio Nacional. La pregunta correcta no es si un Estado puede regular a sus medios —casi todas las democracias lo hacen en algún grado—, sino qué tan capturado está el árbitro que decide cuándo una nota es “veraz” y cuándo no.
No hizo falta esperar a que los Lineamientos entraran en vigor para ver cómo opera ese árbitro. Esta semana, defendiendo la ley en la mañanera, la propia Sheinbaum presentó un video de Sergio Sarmiento de hace 26 años como si fuera actual, lo hizo repetir cuatro veces, y citó solo la mitad de una frase suya para cambiarle el sentido. Es decir: mezcló opinión con información, presentó contenido descontextualizado como si fuera vigente, y omitió el derecho de réplica —las tres conductas exactas que los Lineamientos dicen combatir en radio y televisión. Sarmiento lo señaló él mismo en su columna del día siguiente, con la ironía a la vista: quien va a juzgar si un medio “miente” acaba de mentir, en cadena nacional, para desacreditar a quien la critica. No hace falta imaginar quién sería el árbitro capturado. Ya se presentó.
Sheinbaum lo ha dicho ella misma, con una franqueza que sus críticos no siempre citan completa: “No se trata de multar, es un proceso de autorregulación del medio, porque el propio medio nombra a su regulador o defensor de audiencias.” Es cierto, en la letra. El defensor lo designa la concesionaria, no el gobierno. Pero la letra no resuelve el problema de última instancia: si el defensor no convence al quejoso, decide la CRT. Y la CRT, a diferencia del IFT de 2016, no tiene la distancia institucional que hacía tolerable —o al menos discutible— el mismo mecanismo hace una década.
Hay un segundo dato que las cuatro columnas pasan por alto, y que cambia el tamaño real del problema: la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, aclaró que la prensa escrita y las plataformas digitales quedan fuera de este esquema. Solo aplica a concesionarios de radio y televisión. No es un matiz menor. Significa que el “efecto inhibidor” que describe Dresser —la autocensura antes que la censura— opera, por ahora, sobre un universo acotado: unas cuatro mil estaciones de radio y televisión, según cifras que cita Camarena, no sobre Reforma, El Financiero o los portales digitales donde ellos mismos publican. Lo cual no vuelve el mecanismo inocuo. Lo vuelve, por ahora, más pequeño de lo que la indignación colectiva sugiere. Y abre la pregunta incómoda: si el límite se sostiene, o si en algún momento deja de sostenerse.
Aquí conviene un tercer dato, que tampoco aparece en el coro de esta semana: la prensa mexicana no necesitaba ayuda del gobierno para perder credibilidad. El Digital News Report 2026 del Reuters Institute de Oxford midió que la confianza en las noticias en México cayó de 36% a 31% en un solo año —la caída más pronunciada entre los países que mide el estudio—. La ciudadanía ya desconfiaba de los medios antes de que la CRT publicara una sola línea. Y una encuesta de coyuntura de GobernArte, levantada tras el llamado público de Sheinbaum a no ver TV Azteca, encontró una opinión pública dividida casi a la mitad: 34.3% vio en ello el derecho de la presidenta a opinar, 32.3% lo calificó de censura inaceptable. No es el consenso indignado que transmiten las columnas de esta semana. Es una sociedad partida, en un momento en que confía menos en el árbitro que evalúa a los medios, pero tampoco confía ya demasiado en los medios que el árbitro evalúa.
Esa es, quizás, la verdadera captura: no la de la prensa por el Estado, sino la del debate público por una polarización que hace que cualquier mecanismo de regulación —necesario o no, bien diseñado o no— se lea automáticamente en clave de bando. El gobierno gana ese terreno no porque convenza, sino porque la discusión se libra en el lenguaje binario de “censura sí o no”, donde la prensa criolla parte con desventaja: ya perdió una porción de la confianza que necesitaría para que su indignación sonara a defensa del interés público y no a defensa de interés propio.
Hay todavía un cuarto dato, más incómodo que los anteriores, y lo aportó esta semana Jorge Castañeda a partir de la encuesta mensual de Alejandro Moreno para El Financiero (muestra telefónica de 800 personas, con las reservas metodológicas de siempre): 52% de los mexicanos considera la inseguridad el problema principal del país y 19% señala la corrupción. Sobre el desempeño de Sheinbaum en esos temas, el juicio es duro —61% califica mal o muy mal su manejo de la seguridad, 62% dice lo mismo de su combate a la corrupción, 69% reprueba el combate al crimen organizado—. Y sin embargo, la misma encuesta muestra que la aprobación general de la presidenta se mantiene alta. No es indignación lo que describe esa brecha: es cinismo resignado, la costumbre mexicana de asumir que todo gobierno es corrupto y votar de cualquier forma “con la nariz tapada”, como escribe Castañeda.
Ese cinismo es, precisamente, lo que está en juego con los Lineamientos, aunque ninguna columna lo diga en esos términos. Castañeda apunta, casi de paso, que la oposición solo puede capitalizar ese descontento —52% y 19% de la ciudadanía ya identificando el problema— si siguen apareciendo escándalos: de la familia de López Obrador, de gobernadores de Morena, del erario. Y esos escándalos casi siempre salen a la luz por el trabajo de un puñado de medios electrónicos críticos que todavía investigan. Si la nueva ley logra, no censurarlos abiertamente, sino desgastarlos con el “efecto inhibidor” del que habla Dresser, desaparece el mecanismo que alimenta esos escándalos. Y sin escándalos nuevos, el cinismo resignado que hoy convive con la reprobación específica no tiene forma de convertirse en castigo electoral. La ley no necesitaría silenciar a nadie de golpe: bastaría con que los pocos medios que investigan dejen de hacerlo por cansancio o por miedo a la multa, para que la desconexión entre reprobación y voto —que ya existe— se vuelva permanente.
Hay, sin embargo, una objeción de fondo a todo lo anterior, y viene de donde menos se esperaría: del propio Antonio Navalón, en conversación reciente con Federico Berrueto y Lámbarry en el podcast “Noticias del fin del mundo”. Su argumento no es que los Lineamientos sean inofensivos, sino que discutirlos es ya la trampa. “Esto de las audiencias es un elemento distractor”, dijo, y Berrueto coincidió: mientras el país entero debate censura, nadie pregunta cuánto cuesta sostener el Tren Maya, o que Pemex perdió entre 28 y 33 mil millones de pesos en huachicol solo en el primer semestre de 2026 —el trimestre abril-junio fue el peor en ocho años—, qué tan insostenible es la deuda de Pemex y CFE, o por qué, según Berrueto, México renunció de facto a tener un sistema judicial funcional. Es una objeción incómoda para este mismo texto: si Navalón tiene razón, entonces escribir mil palabras sobre quién controla a la CRT es, en algún grado, exactamente la distracción que él describe. No tengo forma de resolver esa tensión con una síntesis limpia. Puede que ambas cosas sean ciertas a la vez: que los Lineamientos importen por lo que pueden hacerle al periodismo de investigación, y que el tiempo que la clase comentocrática —esta columna incluida— les dedica sea, también, tiempo que no se dedica a preguntar por qué no hay plan de contingencia fiscal ni judicial detrás de la mañanera.
La consulta pública sobre los Lineamientos cierra el 21 de agosto. Todavía hay ventana para que el diseño cambie, para que la CRT gane o pierda distancia institucional, para que el límite entre radiodifusión y prensa escrita se sostenga o se disuelva. Nadie —ni el gobierno, ni sus críticos, ni quien escribe esto— tiene incentivos para admitir la pregunta que en realidad está en juego: si los mexicanos ya reprueban la seguridad y la corrupción sin que eso mueva un voto, y si la propia árbitra ya demostró en cadena nacional que no distingue información de opinión, ¿a quién le conviene más que la prensa crítica —la única variable que todavía podría cambiar esa ecuación— deje de investigar, y a quién le conviene que sigamos discutiendo esto en lugar de la deuda que de verdad nos va a costar?
