Mazzucato, el Plan México y la gran contradicción: no hay política industrial viable sin Estado de derecho
Enrique Jacob Rocha
Hay documentos que importa leer no sólo por lo que dicen, sino por la influencia que pueden tener sobre las decisiones del poder. El texto que Mariana Mazzucato elaboró sobre el Plan México 1), como estrategia de desarrollo de México, pertenece claramente a esa categoría.
No se trata de un ensayo académico más ni de una opinión sin consecuencias. La presidenta le pidió una evaluación del Plan México y propuestas para fortalecerlo. Eso vuelve relevante el documento. Pero hay algo más: la influencia intelectual que Mazzucato ejerce sobre la presidenta. Quien quiera anticipar hacia dónde podría intentar moverse la política económica del gobierno haría bien en tomarlo en serio.
La tesis central del reporte es potente: el problema de México no es sólo definir prioridades correctas, sino construir un Estado capaz de ejecutarlas. En la lectura de Mazzucato, el Plan México acierta al colocar en el centro temas como capacidad productiva, energía, agua, salud, desarrollo territorial y prosperidad compartida. Pero esa dirección, por sí sola, no basta. Para convertirla en resultados se necesita espacio fiscal, coordinación institucional, banca de desarrollo alineada, compras públicas con propósito, capacidades administrativas, digitalización, evaluación y una política industrial conducida por el Estado con claridad de objetivos.
Ésa es la parte más sólida del documento. Mazzucato recuerda algo que en México se ha olvidado demasiadas veces: el desarrollo no ocurre por inercia, ni por fe en el mercado, ni por simple activismo estatal. Ocurre cuando existe una arquitectura pública capaz de orientar inversión, coordinar instituciones, disciplinar instrumentos y convertir prioridades nacionales en ejecución concreta. En ese sentido, el reporte acierta al insistir en que la inversión pública no debe tratarse como variable de ajuste fiscal, sino como palanca estratégica para ampliar capacidad productiva, movilizar inversión privada y sostener crecimiento de largo plazo.
El problema es que ese diagnóstico llega cuando muchas de las condiciones mínimas para hacerlo viable ya fueron debilitadas por el propio oficialismo.
Ahí aparece la contradicción de fondo. El gobierno encarga a Mazzucato una ruta para potenciar el Plan México, pero el sexenio anterior y el actual han desmontado piezas esenciales del ecosistema que haría posible ese mismo plan. La primera gran ruptura fue la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Más allá de la discusión sobre costos, corrupción o diseño, ese episodio quedó como un punto de quiebre ante los inversionistas porque envió un mensaje nítido: en México los contratos podían dejar de valer por decisión política. Fue un golpe severo a la confianza. No sólo se canceló una obra; se erosionó una premisa básica para cualquier inversión de largo plazo: la previsibilidad del Estado.
A partir de ahí vino algo más profundo: la erosión paulatina de instituciones que, con todas sus limitaciones, sostenían un Estado de derecho imperfecto pero funcional. No era un orden ideal, pero sí lo suficientemente reconocible para atraer inversión extranjera y privada nacional. México era un país con problemas, sí, pero con reglas relativamente estables. La 4T optó por debilitar contrapesos, órganos especializados, reguladores, mecanismos técnicos y espacios de certidumbre institucional. El resultado: hoy hay más poder concentrado, pero menos confianza.
En ese contexto, la continuidad de la reforma judicial representa probablemente el error político y económico más grave de la presidenta hasta ahora. Tuvo la posibilidad de introducir una señal de moderación, de reconstrucción institucional y de entendimiento con los sectores productivos. No lo hizo. Prefirió continuar por una ruta que amplía la incertidumbre justo en el terreno donde más importa la estabilidad para cualquier proyecto de inversión: la certeza jurídica. Es difícil pedirle al sector privado que acompañe una política industrial de largo plazo cuando al mismo tiempo se debilita la confianza en la imparcialidad futura de las reglas.
Ése es el punto ciego del debate actual. Mazzucato tiene razón al subrayar la necesidad de un Estado conductor, de una política industrial orientada, de una banca de desarrollo activa, de compras públicas estratégicas y de condicionalidades para alinear al capital privado con objetivos nacionales. Todo eso puede ser cierto. Pero nada de eso opera como acto de fe. Requiere confianza mínima, reglas creíbles, cumplimiento contractual, estabilidad regulatoria y capacidad estatal no sólo para intervenir, sino para hacerlo con legitimidad, y eso es precisamente lo que el propio gobierno ha deteriorado.
También por eso resultan tan costosos los errores de asignación de recursos públicos escasos cometidos por la Cuarta Transformación. Mazzucato insiste, con razón, en el valor estratégico de la inversión pública. Pero una cosa es defender inversión pública estratégica y otra justificar proyectos de bajo impacto económico o de dudosa rentabilidad nacional. Dos Bocas, el Tren Maya, Mexicana y el AIFA absorbieron recursos gigantescos sin ofrecer un retorno proporcional en capacidad productiva, confianza inversionista o competitividad sistémica. No se trata de negarles utilidad política, simbólica o territorial. Se trata de reconocer que no eran las apuestas más inteligentes para un país que necesitaba fortalecer energía, agua, puertos, aduanas, logística de alto impacto, capacidades tecnológicas y certidumbre para invertir.
El caso energético es especialmente revelador. Mazzucato acierta al colocar la energía como sector central de cualquier estrategia de transformación productiva. Pero ahí también aparece la inconsistencia histórica del oficialismo. Primero se desmontó la reforma energética, se desincentivó inversión, se cerraron espacios de competencia y se privilegió una lógica más ideológica que estratégica. Hoy el gobierno busca corregir parcialmente, reabrir interlocución y usar la energía como base del desarrollo industrial. Pero el tiempo perdido pesa. En el momento en que México pudo consolidar ventajas decisivas para la relocalización, la manufactura avanzada y la seguridad energética, eligió retroceder. El costo de esa decisión no es sólo técnico: es histórico.
A eso se suma un límite severo para cualquier ambición transformadora: el deterioro de las finanzas públicas. El documento de Mazzucato insiste correctamente en que la inversión pública no puede seguir tratándose como variable de ajuste y en que el espacio fiscal es una condición estratégica para el desarrollo. El problema es que ese margen hoy está profundamente restringido. El peso de compromisos inamovibles, la presión de Pemex y CFE, la menor holgura presupuestal y el uso político del gasto durante años reducen la capacidad real del gobierno para hacer lo que el documento recomienda. El problema ya no es sólo de visión. Es de caja, de prioridades previas y de credibilidad administrativa.
Ésa es la ironía del reporte. Mazzucato llega a decirle al gobierno algo correcto, pero se lo dice demasiado tarde y sobre un terreno ya erosionado por las propias decisiones del oficialismo. Le recuerda que necesita conducción estatal, inversión pública estratégica, coordinación financiera, política industrial seria y capacidades institucionales robustas. Todo eso es cierto. Pero también deja ver, quizá involuntariamente, hasta qué punto el proyecto de la 4T ha debilitado varias de las condiciones necesarias para cumplir ese programa.
Aun así, sería un error cerrar la discusión en clave fatalista. Porque el documento también sugiere una salida. Si la presidenta quisiera tomarse realmente en serio ese diagnóstico, tendría que entender que potenciar el Plan México no pasa sólo por mover dinero, rediseñar instrumentos o crear nuevas misiones. Pasa también por recuperar condiciones básicas de confianza. Y eso implica algo que hasta ahora el gobierno ha evitado asumir: reconstruir el Estado de derecho.
No habrá política industrial eficaz sin certidumbre jurídica. No habrá inversión privada acompañando objetivos nacionales si persiste la percepción de arbitrariedad. No habrá banca de desarrollo movilizadora si los proyectos no descansan sobre reglas confiables. No habrá misiones productivas creíbles si al mismo tiempo se castiga la previsibilidad institucional. Y no habrá empresariado dispuesto a acompañar con convicción una apuesta de largo plazo si el gobierno sigue transmitiendo que las reglas pueden reescribirse en función de la coyuntura política.
En eso, el texto de Mazzucato podría convertirse en una oportunidad inesperada para la presidenta. No sólo porque le ofrece un marco serio para pensar política industrial, sino porque le muestra indirectamente que el principal obstáculo para el Plan México no está fuera del gobierno, sino dentro de la trayectoria que el propio movimiento ha elegido. Si quisiera leer con honestidad ese espejo, entendería que la recuperación del Estado de derecho no es una concesión al mercado ni un gesto de debilidad política. Es la condición mínima para que cualquier estrategia de desarrollo tenga viabilidad.
La pregunta no es si Mazzucato tiene razón al pedir más capacidad estatal para orientar el desarrollo. La tiene. La pregunta es si la presidenta está dispuesta a sacar las consecuencias políticas de ese diagnóstico. Porque tomarse en serio a Mazzucato exige mucho más que citarla: exige corregir errores, reconstruir confianza, reordenar prioridades y aceptar que no hay Plan México posible sobre un terreno donde el Estado perdió credibilidad, justo en los puntos donde más necesitaba conservarla.
