Octavio Romero y los millonarios contratos de Infonavit bajo escrutinio
Octavio Romero y los millonarios contratos de Infonavit bajo escrutinio
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Octavio Romero en el ojo de la tormenta: ¿Beneficia a familiares con dinero del Infonavit?
El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Octavio Romero Oropeza, enfrenta serios cuestionamientos. Recientes investigaciones revelan presuntas irregularidades en la asignación de contratos millonarios. El caso vincula a la gestión de Octavio Romero e Infonavit con antiguos contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y familiares directos.
Las cifras y el esquema de Octavio Romero e Infonavit
Durante los primeros nueve meses de 2025, el instituto otorgó cerca de 90 contratos públicos. Estos acuerdos suman un monto aproximado de 50 mil millones de pesos. Según los datos revelados, una parte significativa quedó en manos de 13 grupos inmobiliarios específicos.
El modelo utilizado para estas adjudicaciones fue el denominado “llave en mano”. Este esquema permitió al instituto seleccionar a los constructores de manera discrecional. Es decir, se evitaron por completo los procesos de licitación pública habituales. Esta situación ha puesto las decisiones de Octavio Romero e Infonavit bajo una estricta lupa ciudadana y política.
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Vínculos con contratistas de Pemex y familiares
Las investigaciones señalan que empresas tabasqueñas de transporte vinculadas a Pemex fueron repentinamente beneficiadas. Una de estas compañías recibió 3,300 millones de pesos para construir más de 6,000 viviendas. Además, los reportes indican adjudicaciones por hasta 92.7 millones de pesos a familiares. Específicamente, el dinero habría favorecido a la suegra de su hija, una exdiputada federal de Morena.
La falta de concursos abiertos genera severas dudas sobre la transparencia gubernamental. Los recursos destinados a sectores vulnerables terminaron favoreciendo a clanes inmobiliarios de Yucatán y Quintana Roo. La relación directa entre Octavio Romero e Infonavit y estos grupos empresariales exige una aclaración inmediata por parte de las autoridades federales competentes.
¿Debería la Secretaría de la Función Pública iniciar una auditoría independiente para garantizar el uso correcto del erario en los programas de vivienda nacional?
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