Corte debate cambio de ley científica en México, ¿Fox involucrado?
Corte debate cambio de ley científica en México, ¿Fox involucrado?
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¿Qué está en debate con la ley?
El análisis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación abrió un debate sobre el rumbo de la política científica en México. La norma, impulsada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, plantea el acceso a la ciencia como derecho humano, mientras que sus críticos advierten posibles limitaciones.
El contraste central enfrenta dos modelos: uno que promueve la participación estatal y el enfoque social del conocimiento, y otro que, en el pasado, permitió una mayor intervención de intereses privados en el sector.
¿Qué cambios introdujo la legislación vigente?
Desde su implementación, la ley reordenó la asignación de recursos públicos y redefinió prioridades. El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías coordinó este proceso con consultas a la comunidad académica.
Entre los resultados, destaca la cobertura total de becas en posgrados públicos a partir de 2022, lo que evitó exclusiones registradas en años anteriores. Asimismo, el renovado Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores amplió su alcance y aumentó el número de beneficiarios, con una distribución más equilibrada entre regiones y con menor brecha de género.
El debate también incluye cuestionamientos sobre la relación entre el sector público y privado. La legislación vigente limita el uso de recursos estatales en empresas con fines de lucro, lo que genera posturas encontradas. Mientras algunos sectores consideran esta medida necesaria para garantizar el interés público, otros la interpretan como una restricción.
Además, se discute la eliminación de fideicomisos previos, que permitió recuperar miles de millones de pesos, aunque también generó inquietudes sobre la operación de proyectos científicos.
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¿Qué implicaría un cambio de modelo?
Si la SCJN invalida la norma, especialistas advierten un posible retorno a esquemas similares a los de la administración de Vicente Fox, donde la ciencia y la educación se vincularon con dinámicas de mercado.
En ese escenario, el enfoque podría desplazarse hacia una lógica de financiamiento distinta, con mayor participación privada. Por el contrario, mantener la ley actual consolidaría un modelo orientado al bien común, con énfasis en la soberanía tecnológica y el acceso equitativo al conocimiento.
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