Altagracia Gómez impulsa estrategia para elevar la inversión al 25% del PIB mediante relocalización
La coordinadora del Consejo Asesor urge a agilizar permisos y proyectos estratégicos para consolidar la soberanía económica este 2026
El Gobierno Federal y la iniciativa privada han establecido una meta ambiciosa para consolidar el crecimiento económico durante el presente año. Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, afirmó que el país busca alcanzar una tasa de inversión equivalente al 25% del Producto Interno Bruto (PIB). Durante la “Primera reunión nacional de promoción de inversiones”, la empresaria destacó que el fortalecimiento de la política industrial en México resulta indispensable para capitalizar el fenómeno del nearshoring y transformar la estructura productiva nacional hacia una con mayor valor agregado.
Ejes estratégicos del Plan México y relocalización
En primer lugar, la estrategia gubernamental se apoya en el denominado “Plan México”, una hoja de ruta diseñada para incrementar el contenido nacional en las cadenas de suministro globales. El proyecto busca sustituir de manera inteligente las importaciones provenientes de naciones con las que no existen tratados comerciales, fortaleciendo así a los proveedores locales. Por consiguiente, la administración prioriza la vinculación entre el sector educativo y las industrias estratégicas, garantizando que el crecimiento económico integre innovación, digitalización y criterios de sustentabilidad que atraigan capitales extranjeros de largo plazo.
De igual manera, Altagracia Gómez enfatizó que el éxito de esta meta financiera depende de la capacidad de los funcionarios para destrabar proyectos de infraestructura y agilizar la entrega de permisos regulatorios. La creación de la Agencia de Transformación Digital ha permitido reducir los trámites burocráticos, facilitando que las empresas inicien operaciones en menor tiempo. Asimismo, la definición de reglas claras en el sector energético y el respeto a los derechos adquiridos ofrecen la certeza jurídica necesaria para que el sector privado inyecte los recursos requeridos para modernizar el sistema eléctrico nacional.
Reformas estructurales y fomento al mercado interno
Por otro lado, la política industrial en México contempla medidas contundentes para combatir prácticas de comercio desleal y el contrabando. Las reformas aduaneras, en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), buscan erradicar el ingreso ilegal de mercancías que afectan a los productores nacionales. Efectivamente, el ajuste a la Ley de Adquisiciones fomenta que las compras públicas prioricen el contenido hecho en territorio nacional, mientras que la implementación de nuevos aranceles protege a las ramas industriales frente a competidores que no respetan las reglas del mercado internacional.
Finalmente, la coordinadora del Consejo Asesor hizo un llamado a los empresarios para aterrizar las prioridades regionales y resolver las problemáticas logísticas que frenan el desarrollo. La visión de 2026 apuesta por un país industrializado que no solo ensamble productos, sino que diseñe y desarrolle tecnología propia. En conclusión, alcanzar el 25% de inversión sobre el PIB representaría un hito histórico que permitiría a la nación consolidarse como una potencia manufacturera y un centro de innovación líder en América del Norte.
