Claudia Sheinbaum, apóstol de la soberanía nacional
La trayectoria política de Claudia Sheinbaum se perfila como una de las más relevantes del México contemporáneo por haber convertido la soberanía en una práctica efectiva de gobierno, sustentada en legitimidad democrática, fortaleza institucional y apego al derecho internacional. En un escenario global marcado por la erosión de los Estados nacionales y la normalización de tutelas externas, México ha optado por una ruta distinta: ejercer su autodeterminación desde el mandato popular y no desde la complacencia exterior.
La legitimidad de origen constituye el primer pilar de esta arquitectura soberana. Haber alcanzado una cifra histórica cercana a los 37 millones de votos no es sólo un récord electoral, sino una fuente material de autoridad constitucional. Ese respaldo dota al Ejecutivo de una capacidad política inédita para impulsar transformaciones estructurales sin violentar el orden jurídico. En esa lógica se inscriben la democratización del Poder Judicial —mediante mecanismos sin precedente internacional— y la proyección de una reforma electoral de gran calado, orientadas no a concentrar poder, sino a redistribuirlo hacia la ciudadanía y a fortalecer los controles democráticos del Estado, conforme al artículo 41 constitucional.
La soberanía, sin embargo, no se agota en el plano interno. La relación bilateral con Estados Unidos explica la densidad política de los mensajes recientes del gobierno mexicano. Afirmar que México ha reducido en alrededor del 50 % el trasiego de fentanilo hacia territorio estadounidense implica algo más que un balance de seguridad: es la afirmación de la capacidad soberana del Estado para diseñar, ejecutar y evaluar sus propias políticas públicas. Advertir, además, que el consumo y la rentabilidad del mercado ilegal deben atenderse en el país de destino introduce una verdad jurídica elemental: la corresponsabilidad internacional no admite imposiciones unilaterales ni soluciones basadas en la fuerza, principio congruente con la política exterior del artículo 89, fracción X, que obliga a la conducción del Estado a sujetarse a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias.
La historia explica la firmeza de esta postura. México es uno de los países más intervenidos del hemisferio occidental. La guerra de 1846-1848, la ocupación de Veracruz en 1914, la expedición punitiva de 1916-1917 y las presiones militares, económicas y de inteligencia del siglo XX no son episodios marginales, sino antecedentes que dieron origen a una doctrina constitucional de soberanía. Recordarlos no es un gesto retórico, sino un acto de responsabilidad histórica: el artículo 39 establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, y que todo poder público dimana de él y se instituye para su beneficio. Ninguna autoridad, nacional o extranjera, puede colocarse por encima de ese mandato.
En este contexto, los resultados en materia de seguridad adquieren una dimensión estratégica. La reducción superior al 40 % en homicidios dolosos, derivada de una política integral encabezada por Omar García Harfuch, desmonta la narrativa del “Estado fallido” utilizada durante años para justificar presiones externas. La soberanía se expresa también en la capacidad del Estado para recuperar control territorial, proteger la vida y garantizar derechos fundamentales desde decisiones propias, sin esquemas impuestos desde fuera.
Resulta, por ello, especialmente grave que actores políticos internos actúen como correas de transmisión de intereses ajenos a la nación. Las posturas asumidas por legisladores del Partido Acción Nacional, en particular Lilly Téllez y Federico Döring, no pueden interpretarse como mera crítica política. Sus declaraciones públicas, alineadas con agendas y narrativas de gobiernos extranjeros, han llegado a normalizar la injerencia y a tolerar escenarios que admiten incluso la intervención de carácter militar, conducta incompatible con el orden constitucional y con la supremacía normativa del artículo 133. A este bloque se han sumado personas que se ostentan como periodistas sin formación académica ni trayectoria profesional verificable, ocupando de facto una profesión que exige rigor, ética y responsabilidad pública. Desde esa posición irregular, reproducen el descrédito institucional y atacan sistemáticamente a quienes defendemos la soberanía nacional.
El contexto internacional refuerza esta reflexión. Mientras amplios sectores de la sociedad estadounidense cuestionan la guerra permanente, el uso indiscriminado de la fuerza y el desprecio por el derecho internacional, México reivindica una tradición distinta: asilo, mediación y respeto irrestricto a la autodeterminación. No es una pose moral, sino una obligación jurídica que preserva la dignidad del Estado y la igualdad entre naciones.
La advertencia final es clara y necesaria. La historia demuestra que las pérdidas nacionales no comienzan con ejércitos extranjeros, sino con la claudicación interna, el colaboracionismo político y la propaganda que prepara el terreno para la subordinación. La ciudadanía tiene el deber cívico de identificar a quienes, desde cargos públicos o tribunas mediáticas sin sustento profesional, promueven la erosión de la soberanía y el desprecio por la Constitución. Defender la patria no es un acto retórico: es vigilar a los representantes, exigir lealtad al artículo 39, y rechazar toda narrativa que normalice la intervención. Cuando México se defiende, no sólo protege su territorio; preserva la dignidad de su pueblo y la vigencia del derecho.
