Se presenta programa ambiental para combustibles en CDMX
En Ciudad de México, Gaseras y gasolineras podrán regularizar su situación en materia de impacto ambiental gracias a un programa federal extraordinario que el gobierno activó para atender rezagos administrativos en el sector energético. La medida busca ordenar permisos, fortalecer la supervisión ambiental y disminuir riesgos, mientras mantiene las reglas vigentes. Además, el esquema opera de forma temporal y voluntaria para instalaciones de Gas Licuado de Petróleo, así como para estaciones que venden gasolina y diésel.
Alcance del programa federal
En primer lugar, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales impulsó el programa a través de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. La autoridad publicó el acuerdo correspondiente en el Diario Oficial de la Federación y definió como destinatarias a las instalaciones inscritas en el Registro Nacional de Instalaciones de Gasolinas y Gas Licuado de Petróleo. Con base en un diagnóstico interno, la Agencia detectó que cerca de 60 por ciento de los registros carecen de autorización de impacto ambiental vigente o adecuada a su operación actual.
Posteriormente, la autoridad explicó que esta situación surgió por cambios graduales en los procesos administrativos. A lo largo del tiempo, distintas instancias federales, estatales y locales emitieron autorizaciones bajo marcos legales que evolucionaron. Por ello, muchas plantas y estaciones operan hoy con permisos desactualizados, aunque iniciaron actividades conforme a reglas anteriores.
Quiénes pueden participar
Además, el programa incluye a instalaciones que presentaron su solicitud de inscripción antes del 17 de diciembre y recibieron aceptación formal por parte de la Agencia. Asimismo, pueden incorporarse aquellas que cuentan con certificación vigente del Programa Nacional de Auditoría Ambiental. De esta manera, la autoridad amplía el universo de participantes sin crear nuevas obligaciones técnicas.
Por otro lado, el acuerdo aclara que el esquema no sustituye el régimen ordinario de vigilancia ni limita la capacidad sancionadora del Estado. Durante el proceso, la Agencia puede requerir información adicional, solicitar documentos y realizar inspecciones. Así, la autoridad conserva el control y verifica que cada instalación cumpla con los estándares ambientales aplicables.
Medidas de seguridad y exclusiones
Sin embargo, cuando la Agencia identifica riesgos graves para el equilibrio ecológico, los recursos naturales o la salud pública, puede imponer medidas de seguridad de inmediato. Estas acciones buscan prevenir daños mayores y proteger a la población. En consecuencia, el programa prioriza la prevención sobre la regularización automática.
De igual forma, la Agencia informará mediante la plataforma electrónica oficial si alguna persona regulada queda excluida del procedimiento. Dicha determinación tendrá carácter definitivo en el ámbito administrativo. No obstante, las personas inconformes podrán solicitar las razones de la exclusión a través del mismo sistema digital habilitado.
Finalmente, la autoridad precisó que el programa no modifica estándares técnicos ni valida información falsa. Por tanto, quedan fuera quienes aporten datos incorrectos, enfrenten procesos por delitos ambientales graves o representen riesgos significativos. Con esta estrategia, el gobierno busca ordenar el sector, reducir impactos y fortalecer la protección ambiental sin relajar la supervisión.
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