Guanajuato aprueba reformas históricas

El Congreso del estado avaló este 4 de diciembre el matrimonio igualitario en Guanajuato, una decisión que modificó el Código Civil para reconocer legalmente la unión entre personas del mismo sexo. La votación cerró con 25 sufragios a favor y 9 en contra, lo que permitió sustituir los términos tradicionales de “marido y mujer” por la expresión “personas cónyuges”. Con este cambio, la legislación local se alineó con los criterios establecidos por la Suprema Corte y buscó fortalecer un marco de igualdad y respeto en la conformación de las familias.

Durante la discusión, legisladores de varias bancadas compartieron posturas contrastantes. Sandra Alicia Pedroza Orozco, de Movimiento Ciudadano, afirmó que esta reforma salda una deuda histórica en materia de derechos humanos. Ella destacó que el reconocimiento del matrimonio igualitario envía un mensaje firme sobre la importancia de garantizar que todas las personas puedan amar y formar pareja sin discriminación. En contraste, la diputada panista Susana Bermúdez Cano votó en contra al considerar que el Código Civil ya ofrecía igualdad de trato y que las modificaciones no respondían a las necesidades de la población.

A su vez, el legislador Jorge Arturo Espadas Galván señaló que todas las personas merecen el reconocimiento pleno de sus derechos, aunque su bancada presentó una votación dividida. El debate reflejó la diversidad de opiniones dentro del Congreso, pero también la relevancia de legislar sobre temas que impactan directamente en el ejercicio de derechos fundamentales.

En paralelo, la legislatura aprobó otra reforma trascendente: la penalización de los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), comúnmente conocidos como “terapias de conversión”. El dictamen incorporó en el Código Penal sanciones de dos a seis años de prisión y multas económicas para quienes obliguen o impongan estas prácticas a menores o personas incapaces. Si el responsable resulta ser padre, madre o tutor, la sanción incluirá una multa adicional y la obligación de recibir tratamiento psicoterapéutico.

El Congreso definió los ECOSIG como prácticas que utilizan violencia física, moral o psicoemocional, así como tratos crueles o degradantes con la intención de suprimir la orientación sexual o identidad de género de la víctima. Legisladores como María Eugenia García Oliveros, de Morena, explicaron que estas técnicas generan daños profundos y permanentes. Ella señaló que el dictamen representa un reconocimiento a historias de dolor que permanecieron ocultas por décadas.

Por su parte, la diputada Luz Itzel Mendo González, del Partido Verde, puntualizó que estas prácticas no equivalen a orientación psicológica legítima. Aseguró que constituyen violencia y que la reforma envía un mensaje contundente: cualquier intento de borrar la identidad de una persona tendrá consecuencias legales. Con ello, el Congreso buscó fortalecer un marco de protección integral para las personas LGBT+ y promover un ambiente de respeto en la sociedad.