Edson Andrade, promotor de la marcha Gen Z, trabajó para el PAN y el Congreso de la CDMX desde 2021
Edson Andrade teme por su seguridad tras filtración
Filtración de contrato genera alerta
Edson Andrade, creador de contenido, afirmó temer por su seguridad tras la divulgación de un contrato de 2025 entre él y el PAN, por 2 millones 106 mil 810 pesos, para la prestación de servicios de “estrategia digital y gestión de redes sociales”. La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, difundió el documento durante una conferencia de prensa y en redes sociales, insinuando que el pago podría relacionarse con la promoción o financiamiento de la marcha de la generación Z.
La exposición del contrato incluyó información personal del influencer, como su domicilio. Andrade señaló que, debido a las amenazas recibidas, debía “abandonar su hogar, su país”, porque ahora se considera un “blanco del gobierno y del crimen”. Destacó que las amenazas comenzaron tras responder a la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera y después de la filtración del contrato.
Reacciones y medidas legales
El joven aseguró que ha recibido advertencias directas, incluyendo fotografías de su vivienda y alrededores. Cuestionó la imparcialidad de cualquier investigación sobre la filtración, dado que la Fiscal de la CDMX, Bertha María Alcalde Lujan, es hermana de Luisa María Alcalde. Ante la situación, el diputado panista Héctor Saúl Téllez Hernández solicitó a la Secretaría Anticorrupción una investigación de oficio por posibles violaciones a la privacidad.
Por su parte, Claudia Sheinbaum negó persecución alguna y ofreció protección a Andrade, basada en un análisis de riesgo. Andrade comparó su situación con la del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien contaba con custodia de la Guardia Nacional y aun así fue atacado.
Contexto político y social
Andrade señaló contradicciones en el gobierno al negar persecución mientras legisladores crean comisiones para investigar a jóvenes involucrados en la marcha del 15 de noviembre. El creador digital criticó que las autoridades concentren recursos en perseguir manifestantes en lugar de atender las causas de la protesta.
El caso ha generado debate sobre la privacidad de los ciudadanos, el manejo de información sensible y la seguridad de los creadores de contenido ante disputas políticas. Andrade mantiene su posición de resguardar su integridad mientras las investigaciones siguen en curso.
