Derechos Plenos sin Exclusiones
¿Por qué el TEPJF advierte sobre rezagos en inclusión?
El presidente del TEPJF, Gilberto Bátiz, pidió garantizar el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad, debido a que aún enfrentan obstáculos que frenan su participación en la vida pública. Durante un encuentro nacional dedicado a este tema, afirmó que la igualdad solo funciona cuando se vuelve una realidad cotidiana y no una promesa formal. Por ello, subrayó que la democracia va más allá del voto y requiere mecanismos que permitan que este sector compita, ocupe y ejerza cargos públicos sin exclusiones ni enfoques asistencialistas.
Además, Bátiz destacó que la justicia electoral debe mantenerse cerca de la ciudadanía. Explicó que, para avanzar hacia una inclusión efectiva, resulta necesario escuchar testimonios, revisar prácticas institucionales y promover decisiones que eliminen obstáculos que históricamente han limitado la presencia de personas con discapacidad en espacios de representación.
¿Qué ejemplo evidencia el rezago institucional?
El magistrado recordó que el Congreso de Chiapas pasó dos siglos sin integrar a una persona con discapacidad, lo que refleja la magnitud de las barreras que persisten. Sin embargo, señaló que la llegada de Luz María Castillo Moreno como diputada demuestra que los cambios son posibles cuando las instituciones abren espacios reales de participación.
Asimismo, Bátiz sostuvo que el Tribunal Electoral mantiene el compromiso de impulsar decisiones que fortalezcan los derechos de las personas con discapacidad. Enfatizó que las sentencias deben consolidar el acceso a la justicia como un derecho tangible y no como un ideal. Agregó que este enfoque obliga a revisar procedimientos internos y a tomar decisiones que garanticen el respeto a la igualdad sustantiva.
¿Qué desafíos enfrenta México para garantizar estos derechos?
Bátiz explicó que en México viven millones de personas con discapacidad que encaran barreras derivadas de su condición y también de estructuras institucionales, prácticas administrativas e omisiones colectivas. Por esa razón, afirmó que los derechos de este sector no funcionan como concesiones, sino como obligaciones jurídicas establecidas en la Constitución, el Sistema Interamericano y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Después de escuchar experiencias de participantes, el magistrado cuestionó qué tan accesibles resultan actualmente los procesos electorales y si las instituciones comprenden la diversidad de formas de comunicación, movilidad y decisión. Aseguró que aún existen deudas importantes y, por lo tanto, se necesita revisar lo que ocurre en cada etapa del proceso democrático.
Finalmente, Bátiz recalcó que en el TEPJF existe la responsabilidad de juzgar con perspectiva de discapacidad, lo que implica reconocer barreras, definir ajustes razonables y adoptar medidas viables que garanticen una participación política real, exigible y accesible.
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