Reforma a la Ley Antilavado: ¿Qué deben de cumplir los asesores inmobiliarios?
El pasado 17 de julio entraron en vigor los cambios, que obligan a los brókers a tener un mayor cumplimiento para evitar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A partir del pasado 17 de julio, cuando entraron en vigor los cambios a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (conocida como Ley Antilavado), los asesores inmobiliarios deben tener en cuenta sus nuevas obligaciones normativas para coadyuvar en la prevención del lavado de dinero en México.
De acuerdo con especialistas, este tema es de relevancia actual, pues cualquier incumplimiento detectado puede generar multas millonarias, además de que México se encuentra en un proceso de evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que busca prevenir y combatir el blanqueo de capitales a nivel mundial.
“Los brókers ahora comparten responsabilidad con notarios y deberán conocer a fondo a sus clientes, crear expedientes y notificar cualquier indicio de operación sospechosa o irregularidad”, comentó Jorge Rodríguez, gerente de Desarrollo de Negocios de la plataforma Regcheq México.
Nuevas obligaciones para los asesores
Durante el webinar El Impacto de la Nueva Ley Antilavado en el Sector Inmobiliario, Rodríguez destacó que los asesores inmobiliarios ahora son el primer filtro en la prevención antilavado, mediante la identificación del cliente y la validación documental.
Asimismo, deben detectar al beneficiario controlador de cada operación, aplicar una evaluación formal de riesgo, elaborar manuales internos y conservar los expedientes por al menos 10 años.
“A estas alturas, los asesores ya están obligados a aplicar los principios de la ley: conocer a su cliente, identificar beneficiarios controladores y reportar operaciones sospechosas”, subrayó Rodríguez.
Los asesores registrados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) también deben elaborar y enviar reportes de operaciones sospechosas cuando detecten movimientos inusuales.
La Ley Antilavado, promulgada en 2012, busca prevenir que bienes o recursos de origen ilícito ingresen al sistema financiero o se utilicen en la economía formal. En este sentido, se reconocen 17 actividades vulnerables, entre ellas la compraventa y arrendamiento de bienes inmuebles.
Multas y periodo de adaptación
Con los recientes cambios, el sector inmobiliario enfrenta obligaciones equiparables al sistema financiero, lo que implica sanciones considerables por incumplimiento.
Según Rodríguez, las multas pueden ir de 20,000 hasta 1.1 millones de pesos, dependiendo de la gravedad. Entre las infracciones más comunes se encuentran:
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No presentar los avisos ante el SAT o la Unidad de Inteligencia Financiera.
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Entregar información fuera de plazo o incompleta.
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No identificar correctamente al cliente o beneficiario controlador.
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No conservar los expedientes durante los 10 años requeridos.
“Tal vez es más caro no cumplir”, advirtió Rodríguez, al recordar casos de inmobiliarias sancionadas por omitir reportes o no acreditar la identificación de sus clientes.
Aunque la normativa ya entró en vigor, aún falta la publicación de las Reglas de Carácter General, prevista antes de julio de 2026. Estas reglas establecerán los procedimientos específicos que los asesores deberán seguir para cumplir correctamente con la ley.
“El momento de prepararse es ahora, porque las reglas generales saldrán en los próximos meses y cuando eso ocurra, la autoridad podrá empezar a revisar con todo”, señaló Santiago Morales, director general de MoradaUno.
Los especialistas coincidieron en que, aunque existe una carga normativa importante, su propósito es mitigar el riesgo de lavado de dinero, fortaleciendo la transparencia del sector inmobiliario.
“La nueva Ley Antilavado ya es una obligación, pero su implementación es factible y marcará la nueva forma de operar en el sector inmobiliario”, concluyó Morales.
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