Fiscalía señala daños por más de 16 mil millones de pesos
La detención de Gerardo “N” por fraude millonario al ISSSTE marcó un nuevo capítulo en las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción que han afectado al sistema de seguridad social en México. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que el abogado enfrenta acusaciones por defraudación fiscal equiparada y su participación en un esquema que permitió obtener pensiones de manera ilícita.
Las autoridades detuvieron a Gerardo “N” en Torreón, Coahuila, luego de que la jueza Salma Martínez emitiera una orden de aprehensión derivada de irregularidades detectadas en el ejercicio fiscal de 2019. La investigación detalla que el implicado habría promovido juicios laborales ante un tribunal sin competencia legal, lo que permitió la emisión de laudos fraudulentos contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Según la Fiscalía General de la República (FGR), los fraudes relacionados con pensiones ilegales superan los 5 mil 900 millones de pesos, cifra que representa una parte del daño total estimado en más de 16 mil millones. Las denuncias del instituto, presentadas desde la administración anterior, motivaron la apertura de diversas carpetas de investigación y al menos 25 causas penales con órdenes de aprehensión vigentes.
Red de corrupción en tribunales laborales
Las pesquisas encabezadas por María de la Luz Mijangos Borja, titular de la Fiscalía Anticorrupción, revelaron una red de complicidad entre abogados y funcionarios públicos. Este grupo habría facilitado el cobro indebido de pensiones mediante la presentación de demandas laborales ante la Junta Especial 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Dicha junta resolvió casos fuera de su jurisdicción, generando laudos que comprometieron recursos públicos.
El esquema ilegal derivó en pérdidas significativas para el ISSSTE, lo que llevó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a suprimir la Junta Especial 42 mediante un acuerdo publicado en junio de 2024. La medida buscó frenar las irregularidades detectadas en los procedimientos laborales y fortalecer los mecanismos de control.
La detención del abogado representa un avance relevante en el combate a la corrupción dentro del sector público. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a otros posibles involucrados en la red de fraudes que afectó a miles de trabajadores y jubilados.
