Iniciativas buscan mejorar el control democrático y la protección infantil
El senador Enrique Vargas del Villar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó dos iniciativas en el Senado de la República con el objetivo de fortalecer el marco legal en seguridad pública y en la protección de los derechos de la infancia. Con estas propuestas, Enrique Vargas reformas seguridad y niñez se convierten en una apuesta legislativa que busca generar un impacto directo en la vida de los mexicanos.
La primera iniciativa se centra en una modificación al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta propuesta establece que la persona titular de la Presidencia de la República deberá presentar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública ante el Senado, a más tardar el 30 de abril del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, durante el primer año de gobierno.
Además de fijar plazos claros, la propuesta también introduce lenguaje incluyente, cambiando términos como “Presidente de la República” por “persona titular de la Presidencia de la República”, y “Secretarios de Estado” por “personas titulares de las Secretarías de Estado”.
Vargas del Villar señaló que esta modificación representa un paso importante hacia un mejor control legislativo y una rendición de cuentas más estricta en materia de seguridad pública. “La seguridad pública es una función primordial del Estado; el Senado debe incidir de manera activa y responsable en la evaluación de la Estrategia Nacional”, declaró el legislador.
Por otro lado, la segunda propuesta legislativa tiene como objetivo garantizar la existencia de jueces especializados en adopción en todas las entidades del país. Para lograrlo, se plantea una reforma a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con base en la densidad poblacional y la frecuencia de casos registrados en cada estado.
Esta iniciativa responde a la saturación de los juzgados familiares, lo cual muchas veces retrasa los procesos de adopción y afecta el derecho de los menores a vivir en familia. Vargas subrayó que el interés superior de la niñez debe guiar toda decisión judicial en este ámbito. Asimismo, el decreto otorga a las legislaturas locales un plazo de 180 días naturales para adecuar sus leyes y crear los nuevos juzgados especializados, una vez publicada la reforma en el Diario Oficial de la Federación.
Ambas reformas representan una visión de Estado más justo y sensible. Según el senador, estas medidas reflejan un compromiso firme con una administración pública más transparente, una infancia protegida y una ciudadanía que viva en paz.
