El estado lleva el caso a los tribunales
El Gobierno de Illinois presentó una demanda contra el presidente Donald Trump por el envío de 400 elementos de la Guardia Nacional a la ciudad de Chicago, provenientes de Texas. El despliegue ocurrió en medio de protestas contra las redadas migratorias, luego de que un agente de la Patrulla Fronteriza disparara a una mujer el sábado anterior.
El fiscal general Kwame Raoul argumentó que la Administración Trump “excedió su autoridad” al no cumplir los requisitos legales para federalizar la Guardia Nacional. Según la ley, solo puede hacerlo en casos de invasión, rebelión o incumplimiento de la ley federal, condiciones que Illinois considera inexistentes.
El gobernador JB Pritzker declaró en redes sociales que su estado “llevará a la Administración Trump a la corte por su despliegue ilegal e inconstitucional de tropas militares”. La demanda se presentó ante la Corte del Distrito Norte de Illinois y también incluye al secretario de Guerra, Pete Hegseth, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Contexto de tensión y protesta
El conflicto surge en un momento de malestar social por las acciones federales contra inmigrantes. En Illinois, donde aproximadamente el 15% de la población es inmigrante, las manifestaciones han aumentado tras los recientes operativos migratorios.
El incidente que provocó la llegada de las tropas ocurrió en el South Side de Chicago, donde agentes federales hirieron a una ciudadana estadounidense. Semanas antes, un inmigrante mexicano murió en un enfrentamiento con la policía local, lo que intensificó las críticas hacia el uso de la fuerza federal.
Los líderes estatales sostienen que la intervención militar solo agrava las tensiones y vulnera la autonomía de los gobiernos locales. Por su parte, activistas de derechos humanos denunciaron el aumento de la presencia militar en zonas urbanas como un intento de intimidar a la población migrante.
Precedentes y repercusiones nacionales
Esta demanda se presenta pocas horas después de que una jueza federal bloqueara otro intento de Trump de enviar tropas a Oregón. En junio, el presidente también perdió una batalla legal al intentar disponer de 4,000 soldados de California sin aprobación estatal, algo que no ocurría desde hacía más de seis décadas.
El caso de Illinois podría convertirse en un nuevo precedente judicial sobre los límites del poder presidencial en el uso de fuerzas estatales. Mientras tanto, el gobierno local insiste en que el orden público debe mantenerse con instituciones civiles y no con militares.
La decisión de la corte en los próximos días definirá si el despliegue continuará o si el estado logrará revertir la medida impuesta por la anterior administración federal.
