Confirman sanción contra periodista y medio local
El Tribunal Superior de Justicia de Campeche ratificó este viernes 29 de agosto de 2025 las medidas cautelares impuestas contra el periodista Jorge Luis González Valdez y el medio Tribuna, perteneciente a la Organización Editorial del Sureste, S.A. de C.V.. La decisión se dio durante una audiencia de revisión en la capital campechana.
La gobernadora Layda Sansores San Román denunció al periodista y a la editora del medio por presuntos delitos de incitación al odio, difamación y calumnias. A partir de esta denuncia, el tribunal decidió mantener restricciones que afectan directamente la publicación de contenidos relacionados con la mandataria estatal.
Entre las medidas confirmadas, se establece que González Valdez deberá contar con un supervisor permanente que revise sus publicaciones. Además, la plataforma digital de Tribuna deberá informar al tribunal cada vez que publique una nota que mencione a la gobernadora.
Supervisión permanente y restricciones editoriales
A través de la resolución, el Tribunal ordenó que el periodista sea vigilado por la Unidad de Medidas Cautelares de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, con el fin de impedir la difusión de cualquier expresión que el órgano judicial considere ofensiva hacia Sansores San Román. En los hechos, esto implica una prohibición de publicar opiniones o críticas hacia la funcionaria, bajo riesgo de nuevas sanciones.
Por otra parte, aunque se decidió no revelar la identidad del responsable de redes sociales del medio, la organización deberá enviar todas las notas sobre Sansores al área de Derechos Humanos del Tribunal, incluso antes o al momento de su difusión. Este órgano será el encargado de determinar si los contenidos merecen sanción, aunque no cuenta con criterios periodísticos para esa evaluación.
El tribunal no especificó si estas medidas tienen límite temporal, ni cómo afectarán la actividad de otros periodistas que cubran temas relacionados con el gobierno estatal.
Medios denuncian censura y falta de garantías
En respuesta a la resolución, el medio Tribuna expresó su rechazo, calificando las medidas como un acto de censura previa. Afirmó que estas acciones contravienen los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana, los cuales garantizan la libertad de expresión y prohíben la censura, así como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que impide restricciones indirectas a la labor periodística.
El medio argumentó que esta decisión limita el derecho de la sociedad a recibir información crítica sobre el desempeño de la gobernadora. Finalmente, consideró que el fallo refuerza el control gubernamental sobre los contenidos editoriales, debilitando el papel de la prensa como contrapeso del poder.
