Israel Vallarta: la revancha legal

Por el Mtro. Ricardo Peralta Saucedo

La justicia no se alcanza con el simple transcurso del tiempo, sino con el restablecimiento del derecho y la reparación integral del daño. Israel Vallarta es hoy emblema de una verdad más profunda: las fallas estructurales del sistema penal mexicano. Luego de casi dos décadas en prisión preventiva, sin sentencia definitiva, sin juicio oral y con pruebas viciadas desde el origen, un tribunal federal determinó su absolución al constatar que jamás se acreditó de manera plena su responsabilidad penal.

Acusado en 2006 de secuestro y delincuencia organizada, Vallarta fue convertido en el rostro visible de un montaje televisivo orquestado por mandos de seguridad federal y difundido con espectacularidad por el noticiero que entonces conducía Carlos Loret de Mola. El noticiario de una de las principales cadenas del país fue transformado en un foro de ejecución mediática anticipada. Se transmitió como “en vivo” una detención que había ocurrido horas antes, bajo condiciones cuya legalidad ha sido severamente cuestionada. En el fondo, no fue una noticia: fue un linchamiento institucional y televisivo.

Entre quienes participaron en el montaje estuvieron Luis Cárdenas Palomino, procesado por el delito de tortura, y otros funcionarios señalados en diversos procesos por fabricación de pruebas y abuso de autoridad. La fabricación de culpables no fue una excepción: fue parte de una política de comunicación disfrazada de justicia. El caso Vallarta es solo el más visible.

Desde el punto de vista jurídico, Israel Vallarta podría ahora demandar por daño moral, lucro cesante y daño emergente, conforme al artículo 1916 del Código Civil Federal, que protege la honra, la imagen y la vida privada. Pero también existen elementos para la responsabilidad penal de quienes, sin ser servidores públicos, participaron en actos que alteraron la verdad legal y procesal.

En este sentido, deben analizarse posibles responsabilidades por delitos contra la administración de justicia (arts. 225 y 226 del Código Penal Federal), abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, y responsabilidad penal de particulares en calidad de instigadores, autores mediatos o coautores. Al tratarse de conductas continuadas y de efectos permanentes, como la afectación a la libertad personal, el derecho al debido proceso y al honor, no opera la prescripción penal, conforme al principio de unidad de conducta prolongada en el tiempo.

El fallo de absolución emitido por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal del Estado de México (Causa Penal 81/2024) evidencia que el Ministerio Público no logró acreditar los elementos del tipo penal, que las pruebas centrales eran inconsistentes, que se recurrió a declaraciones obtenidas bajo coacción, y que no existía una secuencia lógica ni jurídica que situara a Vallarta como responsable. No hubo prueba plena ni razonabilidad en la acusación. Por eso, después de casi veinte años, se dictó su liberación.

Aun con el tiempo transcurrido, Israel Vallarta no reclama venganza. Lo que busca es justicia. Y esa justicia también es de su familia, que fue estigmatizada, marginada y emocionalmente devastada por un proceso que parecía no tener fin. Por ello, un equipo de abogados decidimos representarlo pro bono, para iniciar todas las acciones legales que le restituyan, en lo posible, sus derechos y su dignidad.

Este caso obliga a repensar el equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho al honor. En México, los delitos de difamación y calumnia fueron despenalizados a nivel federal en 2007, bajo el argumento legítimo de evitar la censura y proteger a la prensa crítica. Sin embargo, esta medida ha tenido efectos colaterales no menores: la proliferación de campañas de descrédito sin sustento, la impunidad de comunicadores coludidos con intereses políticos o económicos, y la anulación fáctica del derecho a la presunción de inocencia en la opinión pública.

Hoy, la frontera entre el derecho a informar y el derecho a destruir reputaciones es cada vez más borrosa. Se ejerce una violencia simbólica desde medios que se presentan como imparciales, pero que actúan como actores políticos. El daño ya no lo causa solo el aparato judicial, sino también la prensa cuando difama, lincha o sentencia sin pruebas.

Por ello, propongo abrir un foro nacional de discusión jurídica y legislativa que evalúe seriamente la necesidad de reintegrar los delitos de calumnia y difamación al Código Penal Federal y a los códigos penales locales, en una versión garantista, equilibrada y compatible con estándares internacionales de libertad de expresión. No se trata de censurar, sino de proteger la dignidad de las personas frente a la mentira organizada.

Los códigos penales deben distinguir entre crítica legítima e imputaciones falsas de hechos delictivos. Ningún periodista está por encima de la ley, y ningún ciudadano debe ser destruido públicamente sin base legal. La reparación del daño mediático es tan importante como la reparación judicial.

El caso Vallarta es un espejo que nos devuelve el reflejo de miles de personas en México y en el mundo que, sin juicio, sin pruebas y sin recursos, languidecen en prisión o son exhibidas como criminales sin serlo. Testimonios falsos, peritajes deficientes, procesos larguísimos y defensas inoperantes han destruido familias enteras. La prisión preventiva se ha convertido en pena anticipada, en contra del espíritu de la Constitución y del derecho internacional.

Desde hace años, trabajamos en la defensa jurídica e institucional de muchas personas privadas de la libertad sin sentencia. El caso de Israel Vallarta no es el final; debe ser el inicio de una transformación estructural del sistema penal mexicano. El derecho no debe ser instrumento de represión ni de propaganda. La justicia, cuando se aplica con valentía, es también un acto de esperanza.

Y la esperanza, cuando se hace ley, también es libertad.