INE incumple plazos para validar nombramientos judiciales

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INE retrasa validación de jueces y magistrados

El Instituto Nacional Electoral (INE) incumple plazos judiciales, al no emitir en tiempo la declaración de validez sobre la elección de jueces y magistrados del pasado 1 de junio. Esta omisión afecta principalmente a los tribunales locales en diversas entidades del país y genera un escenario de incertidumbre jurídica, pues sin la validación correspondiente, las resoluciones de los nuevos funcionarios podrían carecer de legitimidad y abrir la puerta a impugnaciones.

El proceso debía garantizar que quienes ocuparan alguno de los 850 cargos (464 magistraturas de circuito y 386 juzgados de distrito) cumplieran con los requisitos constitucionales y legales, como contar con un promedio mínimo de 8 en la licenciatura en Derecho, así como un 9 en materias específicas. Sin embargo, el Consejo General del INE detuvo la sesión programada el 18 de junio tras detectar inconsistencias en las propuestas de la Dirección Jurídica.

Irregularidades y retrasos en el proceso

Entre los principales hallazgos, el INE identificó que al menos 30 personas electas no cumplían con el promedio mínimo requerido en materias clave. Por esa razón, el análisis de elegibilidad no se completó en el plazo estipulado.

El retraso contrasta con la decisión del 16 de junio, cuando el INE declaró válidas las elecciones para los cargos del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), la Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pese a denuncias por el uso de acordeones y anomalías en las casillas.

Cinco consejeros votaron en contra de esa validación: Dania Ravel, Claudia Zavala, Martín Faz, Jaime Rivera y Arturo Castillo. Sin embargo, por mayoría de seis votos contra cinco, el órgano electoral emitió constancias de mayoría a los aspirantes, incluidas ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Advertencias sobre anomalías en la elección

Arturo Castillo informó que durante el cómputo de la elección de ministros, se acreditaron irregularidades en al menos 818 casillas. Entre las más graves, mencionó la participación del 100% o más de los electores, boletas no extraídas de la urna, tiempos de votación excesivos y votos concentrados al 100% en candidaturas específicas, lo que levantó sospechas de inducción al voto.

Pese a ello, el INE justificó la entrega de constancias de mayoría bajo el argumento de que no se puede anular un derecho como el sufragio con base en pruebas meramente indiciarias. En consecuencia, la institución dio vista a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral para que determinen la validez legal de las elecciones.

Hasta el momento, el INE no ha emitido una postura oficial sobre el nuevo incumplimiento de plazos. Mientras tanto, la falta de validación mantiene en vilo la instalación formal de jueces y magistrados electos, en un contexto de creciente presión por mayor transparencia y apego a los principios legales.




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