Musk se retira de comisión gubernamental

 

Casa Blanca agradece a Musk tras su salida

Elon Musk anunció el miércoles su renuncia como asesor del gobierno de Estados Unidos, decisión que marcó el fin de su participación en la Comisión DOGE, encargada de reducir el gasto público. La Casa Blanca expresó su agradecimiento al empresario por “sus servicios”, destacando su rol en el impulso a políticas de eficiencia durante su tiempo en el cargo.

Musk, fundador de empresas como Tesla y SpaceX, se unió a esta comisión por invitación del presidente Donald Trump. Desde su integración, DOGE ejecutó diversas medidas para optimizar el presupuesto federal, entre ellas, recortes importantes en la plantilla del sector público. Según cifras no oficiales, estas acciones llevaron al despido de decenas de miles de empleados gubernamentales.

Sin embargo, la permanencia de Musk en el equipo llegó a su fin luego de expresar duras críticas al nuevo proyecto de ley presupuestario impulsado por la administración. De acuerdo con el empresario, la propuesta —aprobada en la Cámara de Representantes y aún pendiente en el Senado— implicaría un aumento considerable en el déficit, lo que, en su opinión, socavaría los logros obtenidos por la comisión DOGE.

Después de que Musk hiciera pública su decisión, el gobierno federal reaccionó rápidamente. En una breve declaración, un portavoz de la Casa Blanca agradeció al empresario por su contribución a la eficiencia gubernamental, resaltando el compromiso que mostró durante su gestión. No se ofrecieron más detalles sobre su reemplazo ni sobre el futuro inmediato de la comisión.

Por otro lado, analistas políticos consideran que la salida de Musk representa un quiebre en la relación entre el sector tecnológico y la administración republicana. Aunque el asesoramiento del magnate fue informal y no implicaba una función oficial, su influencia en las decisiones presupuestarias había sido notoria. Ahora, con su salida, se abre la puerta a una posible reestructuración del enfoque gubernamental hacia el control del gasto.

En tanto, la comisión DOGE continúa con sus labores, aunque enfrenta crecientes cuestionamientos sobre el impacto social de sus medidas. La opinión pública sigue dividida: mientras algunos celebran la austeridad como una medida necesaria, otros alertan sobre las consecuencias para los servicios públicos y los derechos laborales.