Congreso de la CDMX aprueba reforma para endurecen penas contra extorsión y secuestro exprés
Reforma al Código Penal capitalino
El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma al Código Penal local para endurecer las penas contra los delitos de extorsión, cobranza ilegítima y secuestro exprés. Con 59 votos a favor y sin oposición, los legisladores avalaron sanciones de 10 a 15 años de prisión para quienes cometan estas conductas ilícitas.
La reforma establece castigos severos para la cobranza ilegítima, conocida como “gota a gota”. Este delito incluye actos de hostigamiento, intimidación o el uso de medios ilícitos para exigir el pago de deudas, ya sea del deudor, un aval o una referencia. Además de la pena de prisión, los responsables enfrentarán multas de dos mil a tres mil unidades de medida y actualización (UMA).
Castigo para el secuestro exprés
La reforma también endurece las penas para quienes priven de la libertad a una persona en la modalidad de secuestro exprés. Este delito ocurre cuando se retiene a alguien por un tiempo breve para cometer otros crímenes, como robo o extorsión. En estos casos, los responsables enfrentarán la misma pena de prisión de 10 a 15 años.
Los diputados locales destacaron que la reforma busca frenar el incremento de estos delitos en la capital del país y ofrecer mayores garantías de seguridad a los ciudadanos. Durante la sesión, los legisladores señalaron que estas medidas representan un avance en el combate contra prácticas ilícitas que afectan a miles de personas.
Contexto y reacciones
La aprobación de estas medidas ocurre en un contexto donde la extorsión y la cobranza ilegítima han generado preocupación entre la población. Los llamados “prestamistas gota a gota” han proliferado, utilizando amenazas y violencia para obtener pagos de sus víctimas.
Diversos colectivos ciudadanos han manifestado su apoyo a esta reforma, aunque también exigen que las autoridades refuercen la aplicación de la ley para garantizar resultados concretos. Por su parte, el Congreso llamó a la ciudadanía a denunciar estos delitos y cooperar con las autoridades para erradicar estas prácticas.
Con estas reformas, el Gobierno de la Ciudad de México busca enviar un mensaje claro contra la impunidad y fortalecer las acciones legales para proteger a los ciudadanos.
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