Por Adriana Delgado Ruiz
La tarea pendiente no atacada es la impunidad. Ya legislada a nivel constitucional, a la Reforma Judicial aún le faltan las leyes secundarias e incluso ver qué sucederá con las impugnaciones al proceso legislativo. Pero cualquiera que sea el resultado, nada cambió.
En México se perpetran más de 26 millones de delitos al año, de acuerdo con el estudio más reciente del Inegi, pero nueve de cada 10 no se denuncian. Peor aún, la ineficacia de los ministerios públicos y fiscalías es tal que de los 2 millones de carpetas de investigación que sí se integran, únicamente el 11 por ciento llegan a manos de un juez, es decir, sólo el 0.8 por ciento de los delitos que se cometen.
La lectura de los números es clara. Los mexicanos no confiamos en la policía ni en los ministerios públicos y fiscalías. La mayor impunidad en los casos en que sí hay denuncia, sucede en esas instancias por investigaciones deficientes, carpetas mal integradas y corrupción. Son frecuentes las historias de indolencia y revictimización que lo comprueban. Es ahí donde hace falta una reforma de fondo, bien estudiada.
Pero sí, los poderes judiciales federal y estatales tienen muchas deficiencias que la reforma legislada no resuelve, ni lo hará aun cuando las legislaciones estatales se homologuen, como se dispuso. En las cárceles, 37 de cada 100 reos no están sentenciados. Hay más de 47 mil expedientes rezagados, que son todo lo contrario a una justicia pronta y expedita. En México tenemos cuatro juzgadores, incluyendo locales y federales, por cada 100 mil habitantes cuando el estándar internacional dice que deben ser 65.
Los mexicanos de a pie acudimos a la justicia de la localidad en que sufrimos ilícitos y agravios para dirimir no sólo asuntos penales, sino también civiles, administrativos y laborales. Y sí, frecuentemente sufrimos también de una gran sensación de impotencia por negligencias y corrupción.
Hace siete años que la ingeniera Karla Castro no ha obtenido justicia luego de que sufrió un accidente laboral grave por falta de medidas mínimas de seguridad en la planta de Ternium, dirigida por Máximo Vedoya, y Siemens, de Alejandro Preinfalk, en Monterrey.
Dejaron a Karla abandonada a su suerte y cometieron toda clase de omisiones. No dieron vista al ministerio público por haber una víctima de lesiones, ni al IMSS para evadir el pago del Seguro de Riesgos de Trabajo porque además tienen trabajadores sin seguridad social, y tampoco dieron aviso inmediato a la Secretaría del Trabajo, sino hasta el día siguiente. Aun así, la inspección documentó que no había zonas delimitadas, ni siquiera un barandal de seguridad, ni equipos de primeros auxilios en 400 metros a la redonda.
Con todas las pruebas contundentes, el juez Éric Alejandro Arenas Guzmán, del Poder Judicial de Nuevo León, ha hecho todo a su alcance por desechar y después posponer el inicio del juicio por siete años, incluso con maniobras tan absurdas como dar por retrasado por más de siete meses el envío de una notificación por paquetería, claro, con el contubernio de Ternium y Siemens.
Es necesaria una revisión de todo el aparato de procuración e impartición de justicia: policías, fiscalías y judicatura, que aborde técnicamente todos sus protocolos, cultura de servicio y carencias, más allá de posiciones políticas.
