El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha expresado su preocupación sobre la propuesta de reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que contempla la elección directa de jueces y magistrados. Según Salazar, esta medida representa un riesgo significativo para la democracia en México y podría afectar negativamente las relaciones comerciales entre ambos países.
Un Golpe al Poder Judicial
En una conferencia de prensa, Ken Salazar subrayó que la elección de jueces a través del voto popular podría debilitar la independencia del Poder Judicial y abrir la puerta a influencias externas, como el narcotráfico y otros actores criminales. “Las democracias no pueden funcionar sin un Poder Judicial fuerte, independiente y sin corrupción”, declaró el embajador, añadiendo que la implementación de esta reforma podría convertir la selección de jueces en un proceso marcado por la “política feroz”, comprometiendo la integridad de las instituciones judiciales mexicanas.
Impacto en las Relaciones Comerciales y la Confianza del Mercado
El diplomático también destacó que la propuesta de reforma judicial podría tener repercusiones económicas, al generar desconfianza entre los inversionistas extranjeros. Estados Unidos, siendo el principal socio comercial de México, observa con preocupación cómo esta iniciativa podría afectar la estabilidad legal y la certeza jurídica en el país. Salazar mencionó que los mercados y el sector privado requieren confianza en el marco legal, y advirtió que la elección popular de jueces, programada para 2025 y 2027 si la reforma es aprobada, podría crear turbulencias económicas y socavar la integración económica de Norteamérica.
Resistencias y Debates en México
La reforma judicial propuesta ha generado una considerable oposición tanto a nivel nacional como internacional. A nivel interno, unos 1.400 jueces y magistrados han iniciado un paro de labores en al menos 18 estados del país, en protesta contra las modificaciones que afectarían la independencia del Poder Judicial. Aunque el presidente López Obrador ha calificado esta huelga como “ilegal”, la controversia sigue creciendo, especialmente ante la amenaza de despidos y la suspensión de salarios para los trabajadores en paro, lo que ha intensificado la tensión en el sector judicial.
El Rol de Claudia Sheinbaum y el Futuro de la Reforma
Con la nueva legislatura a punto de comenzar el 1 de septiembre y Claudia Sheinbaum a la espera de asumir la presidencia el 1 de octubre, la atención se centra en cómo se manejará la discusión sobre la reforma judicial. Sheinbaum ha mostrado su respaldo a la enmienda, aunque también ha prometido un debate amplio antes de su aprobación definitiva. La presidenta electa ha intentado calmar las preocupaciones de los inversionistas, afirmando que la reforma busca combatir la corrupción en el Poder Judicial y dar mayor certidumbre al sector privado.
