Por: Liébano Sáenz
La frustración de más de alguno, por la derrota en la elección, conduce de forma natural a la hipótesis del fraude electoral. Irregularidades las hubo; fueron aisladas, y no cambian el resultado de lo fundamental.
Asumir como explicación el fraude el día de la jornada es una lucha estéril. La irregularidad mayor la antecede y estuvo en práctica después de los comicios intermedios de 2021 y hasta el pasado miércoles 29 de mayo, esto es, la intervención del Presidente para que su proyecto prevaleciera por la vía de los votos. Los competidores aceptaron jugar en tales condiciones y el reclamo a partir de los malos resultados no es que no se sostenga, es que no tiene fuerza ni consistencia con lo que ha venido haciendo la oposición después del 2021.
De hecho, la única posibilidad para una modificación sustantiva no es una irregularidad, sino una interpretación de la Constitución en materia de sobrerrepresentación. El triunfo del oficialismo se robustece con una legislación que favorece en forma perniciosa a la minoría mayor y facilita la simulación en lo referente a la sobrerrepresentación. Es un asunto de interpretación jurídica que deberá atender y aclarar el Tribunal Electoral. Morena obtuvo poco más de 40% de los votos, en un sistema de estricta representación, junto con sus aliados no alcanzaría la mayoría calificada. No sólo eso, la Constitución determina que ninguna fuerza política pueda tener más de 300 diputados, precisamente para que los votos calificados incorporen a una parte de la oposición. Es obvio que el PT y PVEM no son la oposición.
Quienes participamos con la idea de defender a las instituciones de la democracia perdimos la elección, pero no la razón de nuestra lucha. Habíamos aprendido que las definiciones públicas deben procesarse dentro de las instituciones y en ese plano la situación hoy es claramente adversa. Un reto mayor para lo que debe hacerse desde el plano ciudadano.
De acuerdo con el voto emitido en las condiciones menos democráticas para un proceso electoral desde el año 2000, el país se perfila a regresar al presidencialismo sin contrapesos, a cambiar el sistema electoral, a anular la representación plural y la Corte. Todo un reto que anticiparía el fin de una época y del régimen democrático. ¿Qué hacer?
