Por: Irene Muñoz
En un contexto donde la integridad y la ética deberían ser el pilar de la política, los próximos comicios del 2 de junio muestran una realidad desalentadora. Es esencial que los candidatos a cualquier cargo público cumplan con criterios mínimos fundamentales, académicos, morales y legales, para poder representar a la ciudadanía con dignidad. Algo que varios postulantes de Morena y el Partido Verde claramente no cumplen.
La integridad y la ética son esenciales para mantener la confianza de la ciudadanía. Como señaló la ex primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher: “En política, si quieres que algo se diga, pídeselo a un hombre; si quieres que algo se haga, pídeselo a una mujer”. Este énfasis en la acción responsable y ética subraya la importancia de la integridad en la política, un valor que parece escasear en el panorama político mexicano actual.
Como principio básico, contar con una trayectoria limpia es crucial para evitar conflictos de interés y asegurar que el candidato no esté comprometido con intereses ilícitos. El presidente estadounidense Abraham Lincoln afirmó: “La reputación es el hecho de ser conocido por lo que eres; el carácter es lo que realmente eres”. Desgraciadamente, en México, la realidad está muy alejada de este ideal. Bajo la sombra del partido en el poder, muchos candidatos parecen creer que pueden evadir la justicia sin consecuencias, y a medida que se acerca la contienda, más casos turbios salen a la luz.
Un ejemplo flagrante es Javier López Casarín, quien contiende por el Partido Verde y Morena para la alcaldía de Álvaro Obregón. Expuesto por la candidata de la Alianza X la CDMX, Lía Limón, en su debate por la alcaldía, se supo que este personaje tiene un historial de fraude a maestros en Nuevo León que lo llevó a pisar el penal de Topo Chico. En este caso, López Casarín presionó y demandó a Mexicanos Contra la Corrupción y Proceso por la nota, y se reunió con varios medios para que retiraran sus fotos vestido de reo, como si eso limpiara su imagen.
Lo peor fue que fue señalado por el propio presidente López Obrador de tener una empresa que lavaba dinero para el crimen organizado. A pesar de este perfil, Morena y el Verde le dieron su candidatura. El chico no aprendió y continúa evadiendo la ley electoral, al no reportar sus gastos de campaña al instituto electoral, por lo que ya recibió una nota de extrañamiento.
Otro ejemplo es Mario Díaz, candidato del Partido Verde para el municipio de Libres en Puebla, quien el pasado 10 de mayo se vio envuelto en la polémica por un accidente vial, en el que un vehículo fue brutalmente embestido por una camioneta negra de lujo a alta velocidad, con hombres armados y aparentemente bajo la influencia del alcohol. Los agresores, identificados como allegados a Díaz, huyeron del lugar sin auxiliar a las víctimas. El resultado fue de dos personas lesionadas y una que perdió la vida. Este incidente está bajo investigación, pero Díaz sigue adelante con su candidatura.
Estos casos son solo una muestra de varios perfiles que están en las contiendas. Se demuestra que creen que su paraguas protector es ser de la alianza del partido de gobierno, pero es lamentable que esto sea así.
La democracia exige transparencia, integridad y una verdadera rendición de cuentas, pero mientras los partidos continúen promoviendo a candidatos con antecedentes oscuros, seguirán socavando la confianza del elector y deteriorando el sistema político mexicano. Los votantes merecemos algo mejor, y es hora de que exijamos que tengan estándares mínimos de integridad y ética para estar en cualquier cargo público. Al final de todo, sus campañas y salarios se pagan con nuestros impuestos y eso nos da el derecho de exigir representantes dignos para tener un mejor país.
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