Por Adriana Delgado Ruiz
La distancia entre el ganador y el perdedor terminó siendo de sólo el 0.56 por ciento de los votos. El entonces candidato, López Obrador, y sus partidarios, tomaron el Paseo de la Reforma durante 48 días. Después, integraron un gabinete espejo para objetar cada acción del gobierno. Los órganos electorales, cuestionados. Para los mexicanos, superar la crisis fue muy complejo aunque aún no había una violencia tan generalizada ni una polarización tan furiosa.
2012. La diferencia de votos se extendió a 6.62 por ciento. No hubo objeción ni conflicto. 2018. López Obrador arrasó con el 53.19 por ciento de los votos. Los números decían “unidad”, pero el paso del tiempo cambió el término a “división” e incluso “confrontación”.
2024. La sociedad dividida y el crimen organizado usando la violencia para influir en la vida pública de estados y municipios. En lo que va del año, por lo menos 23 personas precandidatas o candidatas han sido asesinadas, 20 han sido víctimas de amenazas, 15 de atentados, 9 de ataques armados y 9 secuestradas. El 76.8 por ciento han sido aspirantes a puestos a nivel municipal. Guerrero es el estado con más de esas agresiones, 11.3 por ciento, seguido de Guanajuato, Veracruz y Oaxaca, que suman juntos el 37.3 por ciento, de acuerdo con el informe Votar entre balas, de la ONG Data Cívica.
El presidente López Obrador dice que más de 500 candidatos en el país cuentan ahora con protección especial de fuerzas federales, sin embargo, el ambiente de terror está todavía más generalizado. Sólo en Chiapas, 515 aspirantes a puestos de elección se han bajado de la contienda por la inseguridad que ocasionan las disputas territoriales entre los criminales que también suceden en Michoacán, Zacatecas y Chihuahua, entre otras entidades.
Este lunes, en una reunión privada con consejeros del INE, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dispuso que 200 mil elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Marina vigilarán la jornada electoral y realizarán patrullajes desde tres días antes. ¿Suficiente para las 170 mil 858 casillas, los alrededores y la seguridad de miles de candidatos y funcionarios de casilla?
Los ciudadanos debemos salir a votar porque México nos necesita. Nos toca decidir a quienes le daremos la responsabilidad de abatir esa situación y superar el reto de elegir con autoridades electorales debilitadas. ¿Qué sucederá en un posible escenario en que la elección presidencial se decida con pocos votos de diferencia? ¿Habrá disposición para reconocer sin resistencias una derrota?
En rigor, el TEPJF no tiene el quórum mínimo necesario para declarar la validez de la elección presidencial, porque el Senado no nombró a dos magistrados faltantes de la Sala Superior y seis de las salas regionales. Además, es necesario designar a 41 magistrados en los tribunales electorales de los estados.
La Sala Superior tiene únicamente cinco magistrados en funciones y debe haber por lo menos seis. Afortunadamente, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispone que la plaza faltante deberá ser ocupada temporalmente por “el magistrado o magistrada de Sala Regional con mayor antigüedad, o, en su caso, de mayor edad”, que en este caso sería la magistrada de la sala regional Guadalajara, Gabriela Eugenia del Valle Pérez.
¿Y si hay una elección muy cerrada en algún estado? El panorama es complejo pero hoy, más que nunca, el balón está en la cancha de los ciudadanos.
