En un avance significativo hacia la inclusión y los derechos civiles, las elecciones presidenciales de 2024 en México más de 31,000 personas recluidas en centros penitenciarios del país podrán ejercer su derecho al voto. Este cambio es resultado de esfuerzos coordinados por el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Implementación del Voto de las Personas en Prisión Preventiva (VPPP)
El martes 16 de abril, el INE confirmó la recepción de las boletas electorales destinadas para el Voto de las Personas en Prisión Preventiva (VPPP), marcando el inicio de un proceso electoral inclusivo. Según Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC, este esfuerzo garantiza que la participación electoral se extienda también a ciudadanos que, hasta ahora, habían estado marginados del proceso democrático debido a su situación legal y de reclusión.
Detalles de la Logística Electoral
El proceso electoral dentro de las cárceles se llevará a cabo del 6 al 20 de mayo de 2024, periodo durante el cual se instalarán urnas especiales en aquellos centros penitenciarios que cumplan con estrictos criterios de seguridad e infraestructura. Estas medidas aseguran que la votación pueda realizarse de manera segura y efectiva, respetando tanto la logística electoral como los derechos de los internos.
Cifras y Participación
De los más de 31 mil internos elegibles para votar, 3,075 se encuentran en penales federales y 28,046 en instalaciones estatales. Estas cifras representan aproximadamente el 14.55% de la población penitenciaria federal y el 13.25% de los reclusos en centros estatales, lo que refleja un paso significativo hacia la inclusión de este segmento de la población en la vida cívica del país.
Implicaciones y Perspectivas Futuras
La iniciativa no solo reconoce el derecho fundamental al voto, sino que también promueve una mayor conciencia sobre la importancia de la reintegración social y la igualdad de derechos. Al permitir que las personas en situación de reclusión participen en decisiones políticas nacionales, México se posiciona como líder en la promoción de derechos civiles en América Latina.
