No hay un político o partido que se salve del estigma de la corrupción. ¿Cómo se supone que la erradiquen siendo gobierno? La clase política debería liderar moral y estratégicamente al país con su ejemplo. Qué lejos estamos de ello.
La candidata opositora a la presidencia, Xóchitl Gálvez, señalada por Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, de haber obtenido irregularmente y con moches su casa en un barrio de alta plusvalía, mientras era jefa delegacional. La aspirante a la gubernatura veracruzana, Rocío Nahle, no atina a justificar cómo vive en una residencia de alto lujo, en una zona exclusiva, con el salario que tuvo como funcionaria federal, mientras la austeridad es el discurso político de su partido.
Acuerdos en lo oscuro para repartirse ilegalmente notarías, direcciones de planteles educativos y de oficinas del Registro Civil, e incluso hasta la ratificación de un magistrado en Coahuila, como monedas de cambio develadas por el dirigente panista, Marko Cortés, en la negociación de candidaturas la alianza opositora.
Un despacho jurídico que obtuvo, mediante triangulaciones, 200 millones de pesos de un estado que después pasó a ser gobernado por uno de sus accionistas, Samuel García, quien promueve a su partido como lo nuevo frente a la vieja política.
Un gobierno que prometió barrer la corrupción como las escaleras, de arriba hacia abajo, y terminó teniendo que reconocer públicamente el desvío de más de 15 mil millones de pesos de Segalmex, uno de los mayores desfalcos en la historia mexicana, además en un sector tan sensible como lo es el alimentario para los más desprotegidos.
Todos esos, escándalos ampliamente conocidos y acreditados. La corrupción es robar, extorsionar a los ciudadanos y también ejercer un cargo público con ineptitud. La corrupción mata. Como en el huracán Otis, un desastre natural mal alertado y atendido. Como en el desabasto de medicinas para pacientes con enfermedades tan graves como el cáncer y la indolencia frente a una pandemia. Como convertir deudas privadas en públicas, hipotecando el futuro de millones de mexicanos, como sucedió con el Fobaproa.
Los mismos datos oficiales dicen que la corrupción no se ha ido sino, muy por el contrario, continúa creciendo y a los ciudadanos de a pie nos cuesta muchísimo dinero, incluso más allá del pésimo uso que hacen los políticos de nuestros impuestos. De acuerdo con el Inegi, en 2023, 13 mil 966 de cada 100 mil mexicanos experimentaron al menos un acto de corrupción por el que tuvieron que desembolsar, en promedio, 3 mil 368 pesos. Mordidas que, en total, costaron 11 mil 910 millones de pesos.
¿Cuáles son las autoridades más corruptas? Por mucho, las de seguridad pública con quienes ha tenido que lidiar el 59 por ciento de las víctimas de esos actos indebidos. Les siguen los trámites para abrir una empresa, con 27.5 por ciento, y los permisos relacionados con la propiedad, con el 23.5 por ciento.
Los números, cuando se observan en su dimensión propia, develan por sí solos muchas verdades, mitos y realidades. ¿Cómo es posible que siendo la seguridad pública el principal problema que enfrentamos cotidianamente los mexicanos, sean justamente los encargados de ella los más corruptos?
¿Cómo avanzar como país si la primera traba para los emprendedores es la corrupción? ¿Cómo puede haber estado de derecho si los trámites relacionados con la propiedad se resuelven con chanchullos? En serio, ¿cómo?
POR ADRIANA DELGADO RUIZ
COLABORADORA
@ADRIDELGADORUIZ
