Los diputados de Morena y sus aliados han aprobado la expedición de la Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, trasladando a los estados la obligación de asignar recursos para atender a la población en situaciones de emergencia y reconstruir la infraestructura pública afectada. Esta ley revoca la anterior Ley General de Protección Civil del 2012.
Según lo establecido en el documento, cada entidad federativa deberá destinar un mínimo del 10% del promedio de su aportación en los últimos cinco ejercicios fiscales, actualizado por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, para la reconstrucción de la infraestructura dañada.
La iniciativa, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 3 de octubre de 2023, fue respaldada por 242 votos a favor y 204 en contra de los partidos PAN, PRI, PRD y MC. Esta ley también requiere que los estados, municipios y demarcaciones territoriales contraten seguros y otros instrumentos financieros para cubrir los daños causados por desastres naturales.
Los legisladores de oposición han criticado la aprobación de esta iniciativa, alegando que se ignoraron las propuestas presentadas durante el proceso legislativo, lo que consideran una violación de las prácticas parlamentarias. Han anunciado su intención de presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Durante el debate, el diputado Humberto Rodarte de Lara (PAN) propuso una moción suspensiva que fue rechazada por la mayoría de Morena y sus aliados.
La diputada Elizabeth Pérez Valdez, vicecoordinadora del PRD, expresó su preocupación por el impacto financiero que esta ley podría tener en los estados y municipios, al obligarlos a destinar recursos de su presupuesto para atender emergencias.
En su intervención, el diputado Álvaro Jiménez (MC) señaló que esta ley dejaría a las entidades y municipios en una situación de vulnerabilidad, especialmente en lo que respecta a la atención de emergencias.
La diputada Olimpia Tamara Girón (Morena) defendió la iniciativa del presidente, argumentando que busca garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos. La ley fue aprobada en votación nominal, con 245 votos a favor y 205 en contra, y se turnó a la Cámara de Senadores para su consideración.
