El Diputado Federal y candidato de la alcaldía Benito Juárez, Luis Mendoza ha presentado una propuesta audaz para modificar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y Sujetos Obligados. Esta iniciativa, que marca un antes y un después en la forma en que se manejan los datos personales en México, tiene como objetivo principal endurecer las sanciones para aquellos que vulneren de manera intencionada la privacidad de las personas.
La reforma, que contempla cambios significativos en los artículos 67 y 68 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como en el artículo 167 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, introduce una cláusula que no ha pasado desapercibida: la inclusión explícita del Presidente de la República entre los sujetos obligados, en caso de que este infrinja la ley.
Según Luis Mendoza, la propuesta busca establecer una pena de cinco años de prisión, destitución e inhabilitación del cargo para cualquier servidor público, incluyendo al Presidente, que divulgue datos personales y sensibles sin consentimiento. Estos datos incluyen, pero no se limitan a, nombre, domicilio, número telefónico, firma, fotografía, estado de salud, etnia, creencias religiosas y preferencias sexuales, divulgados a través de medios digitales, visuales o impresos.
Este movimiento legislativo llega en un momento crítico, especialmente después de un incidente reciente en el que el Presidente mexicano, durante una conferencia matutina, expuso públicamente el número telefónico de una periodista. Este acto ha sido interpretado por muchos como un claro ejemplo de la necesidad de contar con leyes más estrictas que garanticen la protección de la privacidad individual.
La propuesta de Mendoza no solo es una respuesta a incidentes específicos sino que también se erige como un baluarte contra la violación de la privacidad en un mundo cada vez más digitalizado. Al plantear un marco legal más robusto, esta iniciativa pretende salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos, promoviendo un entorno donde la confidencialidad de los datos personales se respete y proteja de manera efectiva.
