La Cámara de Diputados de México aprobó modificaciones al Código Penal Federal y la Ley de Armas de Fuego y Explosivos para sancionar con penas de hasta 40 años de cárcel el uso de drones con fines delictivos. Aquí están los puntos clave de la modificación y sus implicaciones:
Modificaciones Aprobadas:
- Penas Específicas: Se establecen penas específicas para el uso indebido de drones, con condenas de 15 a 40 años de prisión y multas de 400 a 1,200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para aquellos que utilicen drones para cometer delitos.
- Ataques con Drones: Se sancionará con hasta 20 años de cárcel a quienes, mediante el uso de drones, arrojen objetos o artefactos explosivos o sustancias químicas, impactando a personas o propiedades con la intención de causar daño. Si el ataque es dirigido a fuerzas armadas o seguridad pública, la pena aumentará a 30 años.
- Importación y Uso Ilícito: Quienes importen, fabriquen, armen, adquieran o adapten drones para el transporte de artefactos explosivos, armas, narcóticos o drogas sintéticas enfrentarán penas de cinco a 10 años de prisión.
- Vigilancia No Autorizada: Se sancionará con penas de hasta 10 años de prisión, decomiso de equipos y multas a quienes utilicen drones con dispositivos para fotografiar o grabar actividades de personas servidoras públicas con la intención de conocer o reportar su ubicación.
- Apoderamiento Violento: Se establecen penas de tres a 20 años de prisión para quienes, mediante violencia, amenazas o engaños, se apoderen o tomen el control de plataformas físicas, instalaciones o servicios de navegación aérea o marítima, incluyendo aeropuertos con servicios de aviación civil.
Contexto y Justificación
Estas modificaciones derivan del creciente uso de drones por parte de la delincuencia organizada en México, especialmente para actividades ilícitas como el tráfico de drogas y ataques con explosivos y sustancias químicas. Se registraron más de 600 ataques con drones equipados con explosivos, concentrándose la mayoría en los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.
Esta medida busca fortalecer la legislación para enfrentar eficazmente el uso malicioso de drones y proteger la seguridad y la integridad de la población y las instituciones en México.
