Senado aprueba eliminar fideicomisos del Poder Judicial

Debate sobre la extinción de fideicomisos y su Impacto

Las comisiones unidas de Hacienda y Estudios Legislativos, Segunda del Senado, con mayoría de votos de Morena y sus aliados, han aprobado la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial. Sin embargo, la oposición ha solicitado posponer la discusión debido a la necesidad de escuchar a los trabajadores y evitar posibles violaciones al proceso legislativo.

Para lograr la mayoría de votos, Morena incorporó de último minuto a dos miembros de su partido en la comisión de Estudios Legislativos.

La discusión formal comenzó con retraso, generando molestia entre los legisladores de oposición. Esto ocurrió a pesar de que los legisladores estaban citados a las 8 de la mañana para una comparecencia sobre la Ley de Ingresos para 2024. Los presidentes de las comisiones, Rafael Espino y Ernesto Pérez Astorga, ambos de Morena, acordaron un receso, y la discusión empezó cerca de las 10 de la mañana.

La senadora del PAN, Minerva Hernández, expresó su descontento, señalando que se inició la sesión violentando el proceso legislativo sin un acuerdo formal.

La senadora del PRI, Claudia Anaya, calificó como «deshonroso e irresponsable» votar sobre un dictamen sin conocer las posibles afectaciones a los trabajadores del Poder Judicial.

Por su parte, el senador del Grupo Plural, Gustavo Madero, acusó que se busca apresurar el proceso legislativo y presentó una reserva para el Pleno.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Rafael Espino, destacó la importancia de fortalecer la impartición de justicia y mencionó que la extinción de fideicomisos afecta principalmente a la fuerza laboral y no a la burocracia de élite.

La senadora de Morena, Imelda Castro, justificó la eliminación de los fideicomisos argumentando que se han acumulado más de 6 mil millones de pesos sin utilizar, y que estos fondos se han mantenido sin movimiento. Señaló que estos recursos no están relacionados con las prestaciones de los trabajadores, sino que se han utilizado para mantener privilegios de altos mandos en lugar de garantizar la justicia al pueblo de México.

es unidas de Hacienda y Estudios Legislativos, Segunda del Senado, con mayoría de votos de Morena y sus aliados, han aprobado la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial. Sin embargo, la oposición ha solicitado posponer la discusión debido a la necesidad de escuchar a los trabajadores y evitar posibles violaciones al proceso legislativo.

Para lograr la mayoría de votos, Morena incorporó de último minuto a dos miembros de su partido en la comisión de Estudios Legislativos.

La discusión formal comenzó con retraso, generando molestia entre los legisladores de oposición. Esto ocurrió a pesar de que los legisladores estaban citados a las 8 de la mañana para una comparecencia sobre la Ley de Ingresos para 2024. Los presidentes de las comisiones, Rafael Espino y Ernesto Pérez Astorga, ambos de Morena, acordaron un receso, y la discusión empezó cerca de las 10 de la mañana.

La senadora del PAN, Minerva Hernández, expresó su descontento, señalando que se inició la sesión violentando el proceso legislativo sin un acuerdo formal.

La senadora del PRI, Claudia Anaya, calificó como «deshonroso e irresponsable» votar sobre un dictamen sin conocer las posibles afectaciones a los trabajadores del Poder Judicial.

Por su parte, el senador del Grupo Plural, Gustavo Madero, acusó que se busca apresurar el proceso legislativo y presentó una reserva para el Pleno.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Rafael Espino, destacó la importancia de fortalecer la impartición de justicia y mencionó que la extinción de fideicomisos afecta principalmente a la fuerza laboral y no a la burocracia de élite.

La senadora de Morena, Imelda Castro, justificó la eliminación de los fideicomisos argumentando que se han acumulado más de 6 mil millones de pesos sin utilizar, y que estos fondos se han mantenido sin movimiento. Señaló que estos recursos no están relacionados con las prestaciones de los trabajadores, sino que se han utilizado para mantener privilegios de altos mandos en lugar de garantizar la justicia al pueblo de México.