Después de más de 13 años del trágico asesinato de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, a manos de miembros del Ejército Mexicano, un juez ha dictado una sentencia condenatoria de 90 años en contra de 5 de los 6 soldados involucrados en los hechos.
La ejecución extrajudicial de estos dos jóvenes tuvo lugar en la madrugada del 19 de marzo de 2010, en las inmediaciones de la institución educativa. En ese momento, el Ejército intentó presentar a los estudiantes como sicarios armados.
El Gobierno mexicano, el 19 de marzo de 2019, admitió que los jóvenes eran inocentes y víctimas de asesinato y revictimización. La entonces titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció una disculpa pública a los familiares en ese momento.
Esta reciente sentencia condenatoria ha sido considerada una victoria por los familiares de las víctimas, quienes han luchado incansablemente por la justicia durante más de una década.
Rosa Elvia Mercado, madre de Jorge Antonio, expresó su gratitud, diciendo: “No creía en las autoridades, siempre he creído en Dios, y a Él le doy las gracias por esta sentencia”. La sentencia impone 90 años de prisión a cada uno de los militares involucrados. Cinco de ellos están en prisión, mientras que el sexto se encuentra en calidad de desaparecido y se presume que ha fallecido.
A pesar de la satisfacción por la sentencia, existen cargos pendientes por delitos de robo de identidad, abuso de autoridad y exceso de fuerza. Los familiares y sus representantes legales continuarán buscando respuestas y justicia en torno a otros aspectos del caso, como la cadena de mando y la responsabilidad de quienes emitieron órdenes ese fatídico día.
Luis Echeverría, miembro del colectivo #TodosSomosJorgeyJavier, destacó que esta sentencia es un paso hacia la verdad, pero señaló que aún persisten preguntas sin respuesta.
El colectivo y las familias insistirán en que la sentencia sea de alta calidad y cumpla con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, estándares internacionales y la reparación integral del daño a las familias de las víctimas.
