Por: Raúl Contreras Bustamante
El México contemporáneo no se entendería sin considerar los beneficios y avances sociales que ha producido la obligación constitucional que tiene el Estado de impartir educación pública en todos los niveles. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante los últimos 50 años el porcentaje de personas analfabetas de 15 y más años bajó de 25.8% que había en 1970, a 4.7% en 2020.
De acuerdo a cifras oficiales de la Secretaría de Educación Pública, para el ciclo escolar 2022–2023 se contabilizaron 29.8 millones de estudiantes –en escuelas públicas y privadas–; de ellos, 24.4 millones cursan educación básica, 5.2 millones educación media superior y 124.7 mil escuelas normales, que comprenden el universo de niñas, niños y adolescentes.
En este espacio se ha abordado que la inversión pública es insuficiente en educación, así como la ausencia de medidas remediales importantes para combatir los tremendos efectos que causó la pandemia, de manera especial, en el nivel básico y medio, que arrojan cifras de un importante abandono escolar.
Ya hemos señalado que, de acuerdo con los datos del Inegi, el ingreso promedio trimestral de una persona con estudios de primaria es de poco más de 13 mil pesos, mientras que, con posgrado, en promedio asciende a casi 90 mil pesos.
Lo anterior ayuda a comprender los preocupantes datos publicados en un estudio de la Revista Science Magazine, intitulado: Reducir el reclutamiento de los cárteles es la única manera de reducir la violencia en México, que señala que la delincuencia organizada representa, en la actualidad, el quinto empleador en México, con más de 175 mil trabajadores.
Además, se indica que el tamaño de estos cárteles es tal que, aun si se lograra un reclutamiento de cero personas, se necesitarían tres años para volver a los niveles de violencia –ya de por sí elevados– observados en 2012.
Como una de las conclusiones presentadas en ese estudio, destaca la necesidad de mejorar la oferta educativa y de trabajo que supere los beneficios de corto plazo que ofrece el trabajo delictivo.
Por otro lado, la Asociación Civil Reinserta advirtió que, en 2021, el reclutamiento por parte del crimen organizado llegó a más de 30 mil niñas, niños y adolescentes mexicanos que, en lugar de estar dentro de las aulas escolares, trabajan y reciben un pago mensual de hasta 35 mil pesos, cantidad superior al salario promedio de muchos trabajadores formales.
Hoy más que nunca, el Estado mexicano debe poner en marcha acciones que permitan reencausar la vida de esas niñas, niños y adolescentes, que representan al menos 17% de la fuerza operativa del crimen organizado, así como tratar de impedir que sigan siendo reclutados jóvenes por la delincuencia.
Es por ello que sería deseable que la Cámara de Diputados considere en el próximo Presupuesto de Egresos de 2024 un aumento substancial para la educación media y superior, ya que desde el bachillerato se comienza a desarrollar en el estudiantado el pensamiento crítico, una visión global y habilidades para la resolución de problemas y hay que aprovechar el ímpetu y talento de la juventud para tratar de forjar buenos ciudadanos y profesionales útiles a la sociedad.
La realidad exige instituciones de educación dinámicas, que de inmediato pongan en marcha acciones que construyan un mejor futuro para todos los mexicanos. Urgen acciones reactivas inmediatas para remediar esta situación planteada e invertir y fortalecer nuestra mejor acción preventiva: educar al pueblo de México.
Como Corolario la frase de Edward Everett: “La educación es una mejor salvaguardia de la libertad que un ejército permanente”.
