Por: Raúl Contreras Bustamante
A lo largo de la historia de la humanidad, la educación había sido considerada como un privilegio de las élites dominantes: la monarquía, la aristocracia y las iglesias. Durante la Colonia, el acceso a la Real y Pontificia Universidad de México fue casi exclusivo para los españoles e hijos de españoles.
Prueba de ello, es que durante la lucha por la Independencia, José María Morelos y Pavón proclamaba: “Que se eduque a los hijos del labrador y del barrendero como a los del más rico hacendado”.
Un siglo después, el Constituyente de 1916-1917 estableció —en su artículo 3º— como derecho social la posibilidad de que todas las personas puedan recibir educación de manera pública, general, gratuita y laica. Hoy, la evolución del derecho humano a la educación en nuestra Carta Magna obliga al Estado mexicano a impartir y garantizar la educación desde preescolar, básica, media superior y superior.
Sin embargo, habría que analizar por qué esos ordenamientos jurídicos no han podido ser una realidad plena, y que aparejado a los diagnósticos para superarla vengan dispuestos de políticas públicas y presupuesto suficiente que prevengan o corrijan cualquier problemática social.
De acuerdo con datos del Inegi contenidos en la Encuesta para la Medición del Impacto de covid–19 en la Educación de 2021, se identifica que dentro de la población mexicana de entre tres a 29 años, 32.4 millones cuentan con educación básica, 10.2 millones con educación media superior y tan sólo 7.1 millones cuentan con educación de tipo superior.
Esto es muy importante, puesto que el mismo Inegi identificó en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022, que mientras una persona con primaria tiene un ingreso trimestral de poco más de 13 mil pesos; con preparatoria alcanza los casi 24 mil; y con posgrado, alcanza cerca de 90 mil pesos. Es decir, las diferencias en los ingresos de las personas dependen en gran medida de su nivel educativo
Debido a la pandemia por covid–19, de los 435 mil estudiantes de entre tres y 29 años inscritos en el ciclo escolar 2019-2020, existen datos preocupantes que señalan que 66 mil estudiantes no continuaron sus estudios por falta de recursos y otros 49 mil más, por la necesidad de trabajar.
Los datos publicados por el Inegi señalan que durante 2021-2022, la tasa más alta de abandono escolar se localiza en el nivel medio superior, donde nueve de cada 100 alumnos matriculados abandonaron la escuela. Dentro de las principales razones de este abandono se encuentran la incorporación de los jóvenes al mundo laboral, orillados por falta de recursos económicos. Y en cuanto a las mujeres, dentro de las causas principales se encuentran los embarazos adolescentes o las ocupaciones del hogar que se les confieren en su entorno.
Estos datos obligan a las autoridades educativas —y desde luego, también a la UNAM— a realizar un análisis detallado de cómo tratar de enfrentar el reto del abandono escolar durante el bachillerato y, en consecuencia, también en el nivel superior, donde la tasa es de igual manera inquietante.
El ejercicio del derecho a la educación es un factor determinante para la adquisición de conocimientos significativos. Así que poder garantizar que reciban más y mejor educación todos nuestros estudiantes —y de manera especial, los que provienen de familias de escasos recursos— determinará de manera sustancial la calidad de vida de ellos y sus familias, y así mismo, será un factor estratégico para impulsar el desarrollo nacional.
Como Corolario la frase de la Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai: “Un estudiante, un maestro y un libro pueden cambiar al mundo”.
