La reforma constitucional promulgada el 29 de mayo establece que las personas que deben pensión alimentaria a sus hijos, en su mayoría hombres, y aquellos que cometan otros tipos de violencia de género no podrán ejercer cargos públicos.
Esta reforma busca limitar la violencia vicaria, pero aún existen casos en los que las mujeres enfrentan riesgos al exigir la pensión alimentaria cuando el deudor es un hombre relacionado con redes de poder y se beneficia de la actuación de jueces y ministerios públicos.
Un caso reciente revelado en un “tendedero” para exhibir casos de violencia económica muestra la historia de un deudor que ha sido favorecido por la actuación de jueces y ministerios públicos.
El hombre en cuestión es José Miguel Castillo Hernández, un abogado que declaró ante un juez de familia que ganaba 7,107 pesos mensuales, lo cual llevó a que se le fijara una pensión alimentaria provisional mínima.
Investigaciones muestran que Castillo Hernández ha prestado servicios a la administración pública federal y ha celebrado contratos con la Lotería Nacional y Nacional Financiera por montos significativos.
A pesar de enfrentar denuncias por violencia familiar y por incumplimiento de pensión alimentaria, logró que la madre de su hija fuera encarcelada al presentar una denuncia por falsedad de declaración ante autoridad. La mujer fue liberada posteriormente gracias a la presión ejercida por el movimiento del Frente Nacional de Mujeres.
La reciente normativa busca garantizar que aquellos individuos que no cumplen con sus obligaciones económicas en el ámbito familiar, específicamente en cuanto a la manutención de sus hijos, no puedan ocupar puestos de responsabilidad en la esfera pública. Esto se fundamenta en el reconocimiento de que el incumplimiento de los compromisos alimentarios refleja una falta de responsabilidad y compromiso, valores que son esenciales en la gestión de cargos públicos.
Sin embargo, a pesar de este avance legislativo, persisten preocupaciones en torno a la influencia de las redes de poder en la resolución de casos relacionados con deudores alimentarios. En ocasiones, hombres vinculados a estas redes logran evadir las consecuencias de sus acciones gracias a la intervención de jueces y ministerios públicos que actúan en su favor.
Esta situación genera un profundo malestar en la sociedad, ya que se cuestiona la imparcialidad y el adecuado funcionamiento del sistema judicial y de justicia. La protección de los derechos de los niños y la garantía de una vida digna son principios fundamentales que no deben ser comprometidos por intereses particulares o influencias indebidas.
El comportamiento de jueces y ministerios públicos ha sido cuestionado en este caso. El juez de familia encargado ha sido multado por obstrucción a la justicia y ha demorado en responder a las solicitudes relacionadas con el juicio. La juez de amparo también concedió un amparo al deudor alimentario y cerró la carpeta de investigación por violencia familiar sin considerar los hechos más recientes. La madre de la menor enfrenta además investigaciones por fraude procesal y falsificación de documentos.
Este caso ilustra las dificultades que enfrentan las mujeres al intentar acceder a la justicia en casos de violencia vicaria y la influencia de personas poderosas en el sistema judicial. El movimiento de mujeres ha trabajado para visibilizar la violencia vicaria y exigir justicia a las autoridades competentes.
