El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado, por mayoría de seis votos a favor, la invalidez completa del decreto que protegía la información de las obras y proyectos del Gobierno clasificadas como interés público y seguridad nacional. Este fallo representa un hito en el fortalecimiento de la transparencia y el acceso a la información en México. El debate interno y las posturas encontradas han marcado una profunda división entre los ministros, dejando en evidencia la complejidad y la importancia de este asunto.
Votos a favor:
- Juan Luis González Alcántara Carrancá
- Luis María Aguilar Morales
- Alberto Pérez Dayán
- Javier Laynez Potisek
- Ana Margarita Ríos Farjat
- Norma Lucía Piña Hernández
Cada uno de ellos fundamentó su voto en la necesidad de salvaguardar los principios constitucionales de transparencia y acceso a la información, considerando que el decreto anterior constituía una barrera injustificada para el ejercicio de estos derechos fundamentales.
Posturas en contra:
- Arturo Zaldívar
- Jorge Mario Pardo Rebolledo
- Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
- Yasmín Esquivel
- Loretta Ortiz
Estos ministros argumentaron que la protección de la información clasificada como interés público y seguridad nacional era necesaria para resguardar los legítimos intereses del Estado y prevenir posibles daños a la sociedad. Sostuvieron que la divulgación indiscriminada de cierta información podría poner en riesgo la estabilidad del país y la seguridad de sus ciudadanos.
La decisión de la SCJN de invalidar el decreto de blindaje de información del Gobierno tendrá un impacto significativo en el acceso a la información y la transparencia gubernamental en México. A partir de este fallo, se espera que la información relacionada con obras y proyectos de interés público y seguridad nacional pueda ser más accesible para la ciudadanía y los medios de comunicación, permitiendo una mayor rendición de cuentas y un escrutinio público más amplio.
No obstante, también es importante señalar que la invalidación del decreto plantea desafíos en términos de encontrar un equilibrio entre la transparencia y la protección de la seguridad nacional. Es fundamental establecer mecanismos y salvaguardias adecuadas que eviten la divulgación irresponsable de información sensible que pueda poner en peligro la estabilidad y el bienestar de la nación.
