El pasado 29 de marzo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró infundadas las denuncias por el supuesto financiamiento ilegal de la empresa Odebrecht durante las campañas electorales de Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo. Esta decisión se debió a la omisión de la Fiscalía General de la República (FGR) para proporcionar pruebas del caso.
Durante la sesión, los consejeros del INE destacaron la falta de colaboración de la FGR, que se negó en varias ocasiones a proporcionar información para que la autoridad electoral pudiera llevar a cabo las investigaciones pertinentes y probar los hechos denunciados. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que están ante un caso de encubrimiento, opacidad y falta de colaboración con el órgano electoral.
Esta decisión ha generado polémica y ha sido criticada por algunos representantes de partidos políticos. El representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Arturo Prida, anunció que impugnarán el acuerdo para reabrir la investigación y señaló que la negativa de la FGR es una muestra del pacto de impunidad entre el gobierno actual y Enrique Peña Nieto.
Durante la investigación, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) negó haber aportado recursos a las campañas de Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo. De igual forma, la empresa Odebrecht Servicios Integrales de México, S. de R.L. de C.V, negó haber aportado recursos de forma directa o a través de un intermediario a los partidos políticos mencionados.
En este contexto, el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, negó haber ordenado transferencias de recursos a consultores en la campaña de Enrique Peña Nieto como candidato a la presidencia en 2012. Emilio Lozoya Austin, por su parte, se reservó el derecho a proporcionar información, invocando el principio de no autoincriminación.
El consejero Ciro Murayama subrayó que el INE no ha podido acceder a las carpetas de investigación de la FGR, a pesar de que el Tribunal Electoral ha determinado que el secreto ministerial no es oponible al Instituto. En este sentido, Murayama sostuvo que han enfrentado una actitud de muy poca colaboración y opacidad por parte de la Fiscalía General de la República.
La decisión del Consejo General del INE ha generado preocupación entre algunos sectores de la sociedad, quienes consideran que se busca dar carpetazo a asuntos que constituyen faltas graves en materia de financiamiento y actos internacionales de corrupción. Es necesario que se garantice la transparencia y la rendición de cuentas en estos temas, para que la ciudadanía pueda tener confianza en las instituciones encargadas de velar por la democracia y el estado de derecho en el país.
