Por Ricardo Homs
El descubrimiento de que la ministra de la SCJN, -Yasmín Esquivel Mossa-, no sólo está enfrentando un procedimiento académico por el posible plagio de su tesis de licenciatura en la UNAM, sino que ahora el periódico El País da a conocer en su edición del 24 de febrero el posible plagio de la tesis con la que la ministra obtuvo en 2009 su doctorado en la Universidad Anáhuac, pone una dura prueba a la reputación de la ministra.
El reportaje menciona que 209 de las 456 páginas de su texto titulado “Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa”, se derivan de trabajos publicados por 12 autores, entre los que se cuentan un ex rector de la UNAM, un exministro de cultura de España, un expresidente del Tribunal Supremo de España, un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de otros juristas mexicanos, españoles, italianos y alemanes.
Aunque la ministra ha querido minimizar el hecho como una falta de cuidado a las normas editoriales al no “entrecomillar” los textos ajenos, algunos de los agraviados, -como el abogado y académico Miguel Carbonell, uno de los juristas plagiados-, ha dimensionado el hecho, como no haber dado crédito a los autores de las citas, lo cual significa apropiarse del trabajo ajeno y del esfuerzo de investigación y estudio que hay detrás de cada texto plagiado.
No es lo mismo enfrentar a un abogado vulnerable como Edgar Báez, -autor de la otra versión de la tesis de licenciatura-, que a estos personajes prestigiados, con credibilidad y relaciones políticas e institucionales, que no estarán dispuestos a regalar su esfuerzo.
El escándalo puede ser mayúsculo por estar involucrados personajes de altísimo nivel gubernamental y académico, nacionales y extranjeros, que es imposible que se intimiden frente al poder político de la ministra.
Podríamos conceder, que de comprobarse el plagio de la tesis de licenciatura, con benevolencia acreditar que este fue un error de juventud. Sin embargo, de comprobarse el plagio de la tesis doctoral en 2009, -o sea 22 años después-, cuando ella ya era una funcionaria de alto nivel jerárquico, pues el mismo año, -2009-, fue nombrada magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y en 2012, -tres años después-, presidenta de dicho tribunal, la responsabilidad es mayor y la gravedad de la falta, injustificable.
Lo que podría considerarse error de juventud en la licenciatura, es inaceptable en una funcionaria de altísimo nivel, encargada de impartir justicia.
Este nuevo escándalo va a pegar en la 4T, por la cercanía de la ministra con el presidente, y a que este en su mañanera, ante un comentario de un periodista, de modo despectivo, -a su estilo-, minimizó el hecho diciendo que esta información “ya no da nota”.
Esperemos que este caso siente el precedente de la urgente necesidad de verificar trayectorias de candidatos a cargos donde se tomen decisiones relevantes para nuestro país, donde la ética y los valores morales, son fundamentales.
La selección de candidatos a consejeros del INE y los ministros de la SCJN, debe ser realizada con supervisión de la misma sociedad civil, para evitar que los intereses de la 4T impongan a los legisladores morenistas la aceptación de candidatos a funcionarios, a personas cuyo único mérito sea la sumisión absoluta y vergonzosa al inquilino del Palacio nacional.
Este caso de la ministra Esquivel pone de relieve que ya vivimos en el mundo de la “huella digital”, donde nada se puede ocultar de la mirada pública.
Sin embargo, quienes nos gobiernan y la clase política mexicana, no entienden que el mundo cambió y ya no hay nada que se pueda ocultar de la mirada pública. Por ello los políticos de hoy han perdido credibilidad y autoridad. Todo queda registrado en la nube y lo que dijeron o hicieron hace varios años, quedó almacenado en la huella digital y cualquier experto en informática lo puede descubrir fácilmente a través de descifrar algoritmos.
Por ello la parte oscura del camino hacia el poder de muchas personas públicas hoy se está haciendo evidente y ello genera escándalos que les restan autoridad.
Los políticos y gobernantes del futuro serán los que logren llevar una vida coherente, en lo público y en lo privado, para resistir la mirada de una ciudadanía empoderada que no acepta mentiras.
El mayor capital político será una vida ordenada, honorable y una reputación capaz de resistir cualquier investigación en la memoria colectiva, alojada en la huella digital.
EL NUEVO CONFLICTO
Que la FGR manifieste que procederá penalmente contra el juez Roberto Paredes Goroztieta, -quien absolvió a Rosario Robles por la “Estafa Maestra”-, e impugnará esta decisión, podría interpretarse como una toma de postura de la FGR, sumándose a la confrontación del Poder Ejecutivo en contra del Poder Judicial y de la nueva gestión de la ministra presidenta Norma Piña.
Los jueces dependen de la Judicatura Federal y ésta, está encabezada también por la ministra Norma Piña.
Habrá que ver si el Poder Judicial deja solo al juez frente al acoso de la FGR, -como estaba sucediendo en la administración del ministro presidente Zaldívar-, o exige el respeto a su independencia, manifestada en la aceptación de las resoluciones de los jueces. La moneda está en el aire.
