De acuerdo con el tercer informe los gobiernos locales en México del Inegi la mayoría de las policías municipales desarrollan sus funciones en condiciones precarias, con bajo salario ni prestaciones provistas por la ley, lo que les deja una situación de alta vulnerabilidad. De acuerdo con este informe, más del 90% de las personas adscritas a instituciones municipales de seguridad pública reciben una remuneración menor a 20 mil pesos mensuales, además de que casi el 30% no está inscrito en alguna institución de seguridad social.
Dichas condiciones, a su vez propician a que la taza entre de número de policías por número de habitantes sea menor que los estándares nacionales recomendados, lo que se traduce en que menos de 450 municipios de los casi 2400 en el país cumplieron con ese estándar del modelo óptimo de la SSPC, además de que estas cifras son equiparables con las de 2012, un estancamiento transexenal que hoy hacen que, de acuerdo con el mismo Inegi, menos de la mitad de la población nacional confíe en su policía municipal.
El mantener un estado de fuerza similar al de 2012 considerando las complejas necesidades estructurales y una mayor población actuales, habla de una ausencia de estrategias de seguridad a gran escala, además del deterioro laboral e institucional que implica el servicio público dentro de las fuerzas policiales locales. Ejemplo de ello es la pauperización laboral de las policías en comunidades indígenas, en donde alrededor del 60% del total de los miembros realizan un trabajo sin remuneración ni beneficios o el subsidio federal, del que dependen muchas municipalidades, pero cuando estos recursos no llegan o son mal distribuidos se agudiza una realidad tremendamente adversa y cada vez más desafiante.
Lo anterior se debe analizar desde un contexto desde el escenario de continua militarización, la cual no sólo se ha tratado de otorgar más funciones a los militares, sino asignarles recursos frente a la precarización de los mandos civiles. El Sistema Nacional de Seguridad Pública, órgano de gobierno federal, tenía en las manos el compromiso del seguimiento constitucional de la reforma a la Guardia Nacional, que supervisara a los estados y municipios para presentar sus planes de desarrollo policial, esto no se aplica como debiera.
Se trata del resultado de una serie de inacciones, improvisación, corrupción que hoy tienen al país dividido, sumido en una crisis de violencia homicida y una impunidad histórica.
Azul Etcheverry Aranda
