El año pasado, México recibió más de 130 mil solicitudes de refugio, una cifra histórica, además del mayor número de migrantes que ingresaron de manera indocumentada a nuestras fronteras en los últimos 10 años, de acuerdo con el anuario de movilidad y migración internacional en las entidades federativas de México, de la SEGOB. De acuerdo con estos resultados, las solicitudes se incrementaron en un 86% respecto a 2019 y explica que la cifra fue menor gracias al cierre fronterizo a causa de la pandemia por Covid-19.
Al respecto, también reconoce que la población migrante viaja dentro de México en una situación apremiante de alta vulnerabilidad y es víctima de delitos usualmente vinculados con el crimen organizado trasnacional, como el tráfico de personas y robo. El año pasado, en promedio 4 veces más personas declararon haber sido víctimas de delito en comparación con 2020.
En ese sentido, vale la pena tener en cuenta algunos factores. Al haber un mejor manejo de los contagios por coronavirus, se percibió un incremento en los flujos de movilidad y migración de las personas, factores simétricos más no equivalentes, puesto a que la movilidad se considera en una escala interna, donde no se tiene una decisión concreta o acompañamiento jurídico suficiente para saber cuál va a ser el destino final de migración.
Cabe destacar que, dentro de este fenómeno migratorio exacerbado por la pandemia y sus consecuencias multisistémicas destaca la migración de niños no acompañados, una situación que se ha incrementado de manera alarmante dadas las condiciones de extrema vulnerabilidad a la que están expuestos, que van desde la incertidumbre jurídica hasta el peligro de muerte que acechan las rutas migratorias, particularmente en las fronteras. Representa un reto impostergable la ejecución de mecanismos para el manejo de las infancias y adolescencias en tránsito, además de la prevención de los factores de riesgo que los acompañan.
Otro dato que involucra a las infancias es que la mayoría de las personas en el rango de edad de 12 a 17 años que fue repatriada por la política de “Título 42”, lo hace de manera no acompañada, considerando que esta política establecida por el gobierno de Donald Trump descarta la deportación hasta el lugar de origen y se expulsa en la frontera mexicana, lo que motiva a más personas a intentar el cruce, además de hacerlo por rutas de alta peligrosidad.
Se trata de una situación sin precedentes que exige políticas públicas comprensivas que velen en principio a los migrantes más vulnerables y hagan de las fronteras lugares más seguros tanto para las personas en tránsito como para los locales.
Sin duda, el proceso electoral en ambos lados de la frontera avivará el tema migratorio, espero sea desde una perspectiva inclusiva, humanista y de mutuo beneficio.
Azul Etcheverry Aranda
