Un representante de la ONU en México comentó que las prácticas de espionaje contra periodistas y activistas son actos graves de intrusión, violatorios de derechos humanos.
El representante se trata de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) la cual ha expresado su “profunda preocupación” por el espionaje del Ejército Mexicano a periodistas y activistas cometido durante el actual gobierno.
Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH, comentó: “Estas prácticas son actos graves de intrusión, violatorios de derechos humanos y socavan la confianza de la población en las instituciones del Estado“.
La ONU-DH se refirió al hackeo que hizo el grupo Guacamaya Leaks de miles de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la investigación periodística “Ejército Espía”, que la semana pasada divulgaron que el Ejército habría espiado, ya con López Obrador en el poder, a periodistas y activistas.
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Aunque el Gobierno de México ha afirmado que su gobierno “no espía a nadie”, el organismo internacional advirtió que; “Es deber del Estado Mexicano esclarecer el alcance de las acciones de inteligencia, vigilancia e intervención de comunicaciones bajo el cual operan tanto las autoridades civiles como militares.”
“Los actos de vigilancia ilícita tienen un efecto intimidatorio y envían una negativa señal de intolerancia gubernamental a la crítica, contrario al entorno libre y seguro que corresponde garantizar para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y la libertad de prensa”, agregó Fernández-Maldonado.
La ONU condena acciones de espionaje del Ejército Mexicano
El espionaje a periodistas se revela mientras la prensa en México afronta una violencia inédita, con 18 comunicadores asesinados en lo que va del año, según el conteo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
También se difunde en medio de las crecientes políticas de militarización en México, como trasladar al Ejército el control de la Guardia Nacional, un cuerpo que López Obrador prometió mantener civil al crearlo en 2019, y las nuevas empresas estatales para que las Fuerzas Armadas administren aeropuertos y el Tren Maya.
“Los hechos conocidos corroboran la importancia de los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas”, concluyó Fernández-Maldonado.
Antes, una investigación de medios internacionales destapó en 2021 que varios países intervinieron 50,000 teléfonos con el programa Pegasus, de los que 15,000 casos fueron en México durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la cifra más alta del mundo.
La investigación reveló que fueron intervenidas las comunicaciones de activistas y periodistas; del entonces líder opositor y actual presidente, López Obrador, además de algunos de sus colaboradores y su cardiólogo, así como familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.
