El gobierno federal supuestamente expropió un área de 52 mil 329 metros cuadrados de terreno de propiedad privada por razones de utilidad pública para la construcción del patio de carga, debido a la ampliación de la línea 1 del Tren Suburbano, desde Lechería hasta la estación Santa Lucía. estación, como parte de las obras de conectividad del aeropuerto internacional “General Felipe Ángeles” (AIFA).
En el decreto correspondiente publicado en el Diario Oficial de la Federación, la zona afectada se ubica en los municipios de Tultepec y Tultitlán, Estado de México. En el primer caso, la superficie es de 36 mil 286.9 metros cuadrados, mientras que Tultitlán abarca 16 mil 042.1 metros cuadrados.
El proyecto consiste en la ampliación de la línea 1 del Tren Suburbano mediante la ampliación de 23 kilómetros de vía única desde la estación Lechería hasta AIFA, con cinco estaciones intermedias y la estación terminal del aeropuerto, y cruzará Jaltocán y Nextlalpan, con trayecto de origen en Lechería estación, que aprovechará el derecho de vía de 30 metros de ancho de las vías generales de comunicación ferroviaria, así como la reubicación de una playa de maniobras de mercancías.
El decreto dispone que para garantizar la conectividad hacia y desde AIFA, diversos órganos y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, participen en la colaboración interinstitucional para su conectividad intermodal, mediante la construcción, modernización y ampliación de la vías de interconexión con el aeropuerto, como la ampliación de la línea 1 del Tren de Cercanías, la construcción de estaciones de viajeros y el transbordo y construcción de una playa de maniobras de mercancías.
“Esto nos permitirá tener un servicio de transporte masivo de pasajeros eléctrico, competitivo, eficiente y seguro. Además, reducirá los costos y tiempos de viaje de las personas que viajan desde la Zona Metropolitana del Valle de México hacia el Aeropuerto Internacional Civil y Militar General Felipe Ángeles y viceversa.
También reducirá la accidentalidad y la contaminación ambiental en la zona por ser un medio de transporte eléctrico y promoverá el desarrollo urbano, lo que significa mayor bienestar social para los habitantes de la región”, enfatiza el documento.
“La Secretaría de Infraestructuras, Comunicaciones y Transportes cubrirá el monto de la indemnización, que deberá ser pagada de conformidad con la ley, a quienes acrediten su legítimo derecho, con cargo a sus estados financieros y de acuerdo al informe que emita el Instituto de Administración y tasaciones del patrimonio nacional”, detalla el decreto, que entrará en vigor el viernes 7 de octubre.
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