- El magistrado Santiago Ermilo Aguilar Pavón fue quien amarró el acuerdo para que la presidenta del Primer Tribunal Colegiado de Circuito Laura Granados Guerrero, solicitara la acumulación del amparo directo 545/2021 al amparo directo 564/2021
Los ejidatarios Joel Tovar Arcos, María Isabel Caro Cetina, Columba Archundia Garrido, Rodolfo Sosa Escobar, Lea Tun Cahuich, Juan Tun Mis, German Mondragón Correa, Dolores Aguirre Pérez Y Xóchitl De La Paz Barquera Martínez, integrantes del Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suárez de Tulum, Q. Roo, siguen en su desigual lucha no solo contra sus contrapartes las empresas Land Management, S.A. de C.V. y Grupo Alfil Construcciones, S.A. de C.V., sino contra los magistrados de los Tribunales Primero y Tercero del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Cancún, Q. Roo, integrados por los magistrados: Laura Granados Guerrero, Alfonso Gabriel García Lanz, Gerardo Dávila Gaona, Leonel Jesús Hidalgo, Jorge Mercado Mejía y Santiago Ermilo Aguilar Pavón.
Denuncian los ejidatarios y las ejidatarias que Santiago Ermilo Aguilar Pavón, fue quien amarró el acuerdo para que la presidenta del Primer Tribunal Colegiado de Circuito Laura Granados Guerrero, solicitara la acumulación del amparo directo 545/2021 al amparo directo 564/2021 con el fin de resolverlos en contra del ejido José María Pino Suárez, en una operación que, consignan los denunciantes “se puede presumir les va a representar mucho dinero, dado el valor que tienen las tierras costeras del núcleo agrario y el tamaño del fraude que tendrán que hacer a la Ley Federal de Reforma Agraria, a la Ley de Terrenos Baldíos Nacionales y Demasías, así como a los artículos 16 y 27 fracción VIII, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el hecho de avalar el fraude documental de cambiar de un municipio a otro el predio Punta Piedra, esto es del municipio de Felipe Carrillo Puerto al municipio de Cozumel, cuando es bien sabido que las coordenadas de ubicación de un predio no se pueden cambiar, son fijas”.
Los ejidatarios y las ejidatarias señalaron que “ese tipo de fraudes, se viene cometiendo por parte de los impartidores de justicia desde hace un buen tiempo, ante el desconocimiento de la Ley por parte de la clase campesina y la falta de recursos económicos para sostener los juicios, los cuales los magistrados deliberadamente alargan para desgastarlos y en su momento poder resolverlos a favor de los empresarios, para de esa manera poder cobrarles altas cifras económicas por favorecerlos indebidamente con resoluciones contrarias a derecho” por lo que piden a las autoridades competentes poner orden y actuar con base a la legalidad.
