A fin de brindar acceso a la justicia para todas las niñas y mujeres de la Ciudad de México que sufren violencia por razones de género, incluidas las que son hablantes de lenguas indígenas, el Congreso capitalino aprobó una serie de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.
En su exposición a nombre de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Atención Especial a Víctimas, la diputada Ana Francis López Bayghen Patiño informó que en la Ciudad de México se hablan 55 de las 68 lenguas indígenas nacionales, por lo que se busca que la información que se proporcione en los procesos de acceso a la justicia sea en la lengua de las mujeres indígenas.
“Siendo conscientes de que la Ciudad de México es pluricultural y pluriétnica, y que es una de las regiones con mayor concentración de población indígena en el país, con alrededor de 785 mil personas que se auto adscriben como indígenas, y que de ese total 129 mil personas hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 1.5 por ciento de la población”, indicó.
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A través de esta reforma legal, propuesta por la diputada Valentina Batres Guadarrama (MORENA), se reconoce que las órdenes de protección son un derecho de todas las mujeres y niñas; incorpora el principio de buena fe de las víctimas, es decir, que las autoridades estarán obligadas a creer en su narración de los hechos, sin revictimizarlas o hacerlas responsables de su situación.
Asimismo, la diputada López Bayghen señaló que se busca permitir la accesibilidad en el entorno físico y las comunicaciones para las niñas y mujeres con discapacidad, y adicionar la perspectiva intercultural para evitar los actos de discriminación, exclusión, invisibilización o desigualdad que enfrentan ciertos sectores sociales, como es la población de origen indígena.
“A efecto de seguir fortaleciendo nuestro marco normativo, y con ello, atender una de las tantas necesidades que enfrentan las mujeres más rezagadas y desfavorecidas, desde el punto de vista social, político, cultural, ambiental y económico, esta es una deuda”, concluyó.
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