Creada en 2006, Ficrea recibió su autorización para operar como Sociedad Financiera Popular (Sofipo) en 2008, bajo la tutela de Guillermo Babatz, quien encabezaba la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el sexenio de Felipe Calderón. El escándalo de la operación fraudulenta de Ficrea por explotar en 2014, en la administración de Enrique Peña Nieto.
En todo ese periodo, las alertas fueron varias y la supervisión omisa, aun cuando veníamos arrastrando problemas tan grandes como el Fobaproa desde el gobierno zedillista, que había convertido pérdidas privadas en una inmensa deuda pública que terminaremos de pagar hasta dentro de medio siglo. Cada sexenio termina registrando un escándalo financiero. En Estados Unidos, Allen Stanford fue sentenciado a 110 años de prisión y todo su esquema piramidal que estafó 7,000 millones de dólares de ahorradores de más de 100 países, desmantelado.
En México, Rafael Olvera Amezcua había escapado esperanzado en la falta de supervisión e inacción de la autoridad administrativa y judicial, como lo habían hecho personajes de otras instituciones financieras intervenidas por malos manejos, años atrás. Su extradición a México el 2 de marzo pasado, sin embargo, no despierta muchas esperanzas de justicia entre los defraudados por la negligencia e inacción que las autoridades han mostrado todo este tiempo. Ficrea lleva siete años bajo un síndico que ha devuelto muy poco a los afectados.
Poniendo El Dedo en la Llaga, el abogado representante de los ahorradores, Jesús Guerra, sostiene que en todo este tiempo no ha tenido respuesta alguna de la autoridad. El sistema ponzi utilizado por Ficrea enganchaba clientes ofreciendo una tasa de interés más de tres veces mayor a la del mercado, aprovechando la baja educación financiera que hay en el país. Como el dinero en realidad era desviado, para mantener el engaño pagaba los rendimientos con parte de los recursos que entraban de clientes nuevos. Así defraudó a 6,848 ahorradores. Al menos 400 de ellos murieron sin haber recuperado lo que por derecho era suyo. Los que continúan vivos, tienen una edad promedio de 76 años. Más de 5,900 millones de pesos en patrimonios, esfuerzos, vidas y sueños destruidos.
En 2011 y 2012 varias calificadoras, como HR Ratings, clasificaron a Ficrea como una institución de alto riesgo dado que desviaba el dinero a entidades como Leadman Trade, también propiedad de Olvera Amezcua. Desde un año antes, Edgar Bonilla, entonces director Jurídico de la CNBV, ya tenía esa información y ni ese organismo regulador, ni la Condusef, tomaron medida alguna. No es el único caso. Han pasado más de seis años desde el fraude de Alta Grupo, de Luis López Panadero y Salvador Abascal, que también se llevaron al menos 4,000 millones de pesos a ahorradores, con un esquema muy similar. En Puebla, la financiera La Perseverancia del Valle de Tehuacán también desapareció de la noche a la mañana, dejando a sus ahorristas en la ruina y la indefensión.
El Banco Bicentenario, que había sido una unión de crédito, quebró dejando a 267 de sus 670 depositantes en la bancarrota.
La Cámara de Diputados legisló reformas a la Ley de Ahorro y Crédito Popular de México, conocidas como Ley Ficrea, aunque insuficientes para impedir esa clase de fraudes.
El Senado envió esa iniciativa a la congeladora. ¿Dos varas y dos medidas? Mientras eso pasa con las Sofipos, la operación de los bancos está sobrerregulada al punto de que se impide la innovación y la inclusión financiera, tan necesaria justo para que los ahorradores tengan mayor seguridad
Si queremos avanzar como país, es inevitable repensar un sistema financiero sólido, seguro, eficiente y moderno.
POR ADRIANA DELGADO RUIZ
@ADRIDELGADORUIZ
