Armando Ríos Piter
Por una #SociedadHorizontal
A finales del mes de enero, se publicó en Latinus, una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en la que se documentó que José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, vivió junto con su esposa a lo largo de varios meses en una casa prestada. En el reportaje se indica que dicho inmueble era propiedad de Keith Schilling, un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, la cual mantiene contratos con el gobierno por más de 151 millones de dólares en obras para Pemex.
Ante esta información, se han incrementado los señalamientos sobre posibles conflictos de interés o incluso sobre actos de corrupción. Las inquietudes crecen. ¿El préstamo de la casa fue por favores brindados en Pemex? ¿Hubo algún hecho de corrupción que intermediara el citado préstamo? Hasta el momento, el gobierno no ha sabido dar una explicación que aclare las dudas prevalecientes. La historia aún no termina. Habrá que esperar las investigaciones sobre el tema solicitadas por los propios accionistas de Baker Hughes.
Mientras tanto, la oposición argumenta que el escándalo sobre la casa en Houston es idéntico al de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Lo cierto es que hasta ahora, no lo es. Aun cuando se presentaron y exhibieron contratos de la empresa Baker Hughes, aún no se ha publicado ningún nexo específico entre dichos contratos y López Beltrán. No obstante, la sensación de que el gobierno ha buscado distraer la atención mediante la invención de un conflicto diplomático con España y posteriormente a través de un ataque directo al periodista Carlos Loret, se ha incrementado la atención y la tensión contra el gobierno.
El presidente mostró en su conferencia del viernes pasado, cifras de los supuestos ingresos del periodista, comparándolos con los suyos, a lo que Loret respondió, acusándolo de violar la ley y ponerlo en riesgo. En un video posterior dijo: “El presidente está acorralado. No sabe cómo zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar. Está fuera de sí este aspirante a dictador”. En defensa del comunicador salieron a expresarse distintos medios de comunicación, políticos, periodistas y celebridades en contra de lo hecho por el presidente de la República. La conversación sobre este tema en redes sociales rompió records.
Estos hechos ocurren al mismo tiempo en que la revista “The Economist” publicó que México retrocedió en el índice de democracia, ubicándolo en el lugar 86 de entre 167 naciones con un “régimen híbrido” en lugar de “democracia deficiente”, categoría que ya lo ubica entre el autoritarismo y la democracia. Al mismo tiempo, la confrontación se da cuando en lo que va del año, han sido asesinados cinco periodistas y un total de 57 en lo que va del sexenio.
México vive tiempos de cambio.
Es sumamente delicado que, desde el poder, se envíen señales de represalia contra la actividad periodística. Al mismo tiempo, es alentador ver el ánimo con el que grupos de la sociedad se han manifestado para respaldar a un comunicador, en quien ven representadas muchas de sus críticas al actual gobierno. También es positivo -aunque seguramente poco popular en esta coyuntura- que se discuta sobre la forma en que reciben sus ingresos, aquellos que participan en los medios de comunicación.
Lo relevante no es si un periodista gana mucho o poco dinero, sino la forma en que genera sus ingresos. La misma consideración debería hacerse respecto a los medios de comunicación. Desde hace décadas este tema ocupa un área opaca de la que poco se habla.
Aún cuando no todos los profesionales de la comunicación lo hacen, existen quienes cobran por difundir información en los espacios que ocupan. Hay periodistas que reciben pago por atacar a alguien o por protegerlo, se trate de un político, algún personaje públic…
