- A partir de 2012, algo cambió: el gobierno atacó a los criminales, erosionando sus bases sociales
Hubo un tiempo en Coahuila en que los dueños de los giros negros gobernaban el estado. Una época oscura en la que los expedientes judiciales se cerraban poniéndoles encima pilas de dinero, que el crimen organizado lavaba como parte de la economía del estado.
Fue la era de las desapariciones de jóvenes en la zona metropolitana de Monclova, la aparición de casas de citas en Torreón y Saltillo; las masacres ocultas y el dolor opaco.
Pero a partir de 2012, algo cambió en Coahuila. El gobierno atacó a los criminales erosionando sus bases sociales. Se terminaron los permisos para casinos, se prohibieron las peleas de gallos, cerraron los deshuesaderos y se confiscaron las máquinas tragamonedas que el crimen ponía en las tiendas. Y un cambio en particular resultó atinado: la clausura de todos los table dance, seguido de la penalización de anuncios clasificados que promovían la prostitución.
Sergio Aguayo, en su ensayo Reconquistando la Laguna, así lo reconoce: “Resulta imposible precisar cuál fue el peso de cada una de esas medidas (…) lo verificable es que las cifras de homicidios y desaparecidos empezaron a disminuir aceleradamente”. Hoy
Coahuila es otro estado.
Lo atestiguamos quienes asistimos a uno de los actos más importantes para la administración pública, la III Convención de Fiscales Anticorrupción, que convocó a un panel de expertos integrado por la fiscal especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, María de la Luz Mijangos Borja; el fiscal anticorrupción coahuilense, Jesús Homero Flores y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Miguel Felipe Mery, entre otros.
Para quienes defendemos los derechos humanos fue inspirador reconocer los avances que se pueden lograr en 10 años: la instalación de uno de los primeros sistemas estatales anticorrupción en el país, los consejos ciudadanos en materia de seguridad pública, las contralorías externas, las redes de prevención del delito.
Tuve el honor de estar a su lado. Y en un ejercicio de memoria por las víctimas hablé de los tiempos pasados en Coahuila y que lamentablemente son los tiempos presentes en otras regiones del país: aún hay servidores públicos que se sientan con dueños de los giros negros y aceptan a niñas y mujeres a cambio de brinda impunidad.
Ahí está el caso del expresidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en Tlaxcala, Juan Manuel Jiménez, quien tuvo enfrente 52 carpetas con evidencia irrefutable de trata, secuestros, violaciones y que, pese a ello, liberó a presuntos criminales.
Por eso, la experiencia de Coahuila debe ser una lección y un faro. Una enseñanza que pueden seguir otros gobiernos para frenar la curva ascendente de víctimas de trata que impulsó la pandemia. Es una promesa de que no hay oscuridad que dure 100 años porque no hay lucha anticorrupción que lo resista.
ROSI OROZCO
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN UNIDOS CONTRA LA TRATA, A.C.
@RosiOrozco
